Defensor del Pueblo instaura denuncia penal por muerte de José Ángel Chíquiza

BOGOTA, 18 de Octubre_ RAM_ El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, confirmó hoy a través de Radio Santa Fe que radicó una denuncia penal y una queja disciplinaria contra la EPS Comfacundi y la Secretaría de Salud por la muerte del señor José Ángel Chíquiza cuando hacía fila para obtener atención médica.

Otálora dijo que en su concepto, los funcionarios de la EPS y de la secretaria de salud incurrieron en el delito de homicidio culposo.

“José Ángel Chiquiza perdió la vida por falta de coordinación, por falta de diligencia necesaria de la EPS y Secretaría de Salud”, señaló el defensor del pueblo.

Dijo que desde el pasado 5 de octubre, la Defensoría le solicitó a la Secretaría que explicara cómo se iba a garantizar el servicio de salud para aquellos usuarios del régimen subsidiado que estaban afiliados a las EPS que han venido siendo objeto de medidas cautelares preventivas, que han sido intervenidas o que decidieron retirarse de manera voluntaria de la ciudad.

Añadió que tras una inspección judicial realizada el pasado 5 de octubre por la Defensoría, la Oficina de Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud aseguró que los 1.550 usuarios de alto costo ya tenían EPS asignada y que se les garantizaría la continuidad de los tratamientos.

Advirtió que el ocho de octubre le pidió al Secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, que le informara como se iba a garantizar la prestación del servicio de las EPS intervenidas, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta, razón por la cual pedirá que también se investigue esta conducta.

“Con la muerte del ciudadano José Ángel Chíquiza, nos dimos cuenta de que no está garantizada la prestación del servicio a los pacientes de alto costo, y lamentablemente se perdió la vida de un ciudadano”, señaló el Defensor.

Reiteró que se trata de un homicidio culposo porque los funcionarios públicos y la EPS que están manejando este tipo de eventos deben entender el compromiso que tiene el ejercicio de sus funciones y que cualquier ligereza o error en desarrollo de sus actividades puede terminar con la vida de una persona.

Subrayó que aunque la denuncia está dirigida contra los funcionarios de la Secretaría de Salud y contra la EPS, eso no es óbice para que las instituciones y los organismos de control que adelanten las investigaciones puedan hacer otras vinculaciones, si así lo consideran pertinente.

Dijo que la denuncia es un campanazo de alerta para que se tomen medidas de choque frente a esta situación.

“Tememos que este caso se vuelva a repetir y creemos que hay un sinnúmero de ciudadanos que no están siendo registrados o que no aparecen en las bases de datos de las EPS y que ante cualquier urgencia no recibirán atención”, precisó el Defensor del Pueblo.

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