Aprobada reforma a la ley de Justicia y Paz

La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de reforma a la ley de Justicia y Paz que establece nuevos parámetros para los procesos vigentes en contra de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La reforma amplía en dos años el plazo para postulaciones colectivas en proceso de justicia y paz y cubre delitos que se cometan hasta diciembre del 2012. El gobierno tendrá hasta 2014 para aceptar las postulaciones.

También establece que los postulados podrán pedir la “sustitución de la pena” cuando cumplan 8 años en la cárcel, máxima condena alternativa que se estableció en esta norma. Esto se traduce en que podrían quedar en libertad, pero solo si han cumplido con los postulados establecidos en Justicia y Paz:

  • Haber participado en las actividades de resocialización del INPEC;
  • Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;
  • Haber entregado los bienes para la reparación de las víctimas;
  • No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Con la norma se busca que los postulados que se encuentran privados de la libertad desde hace más de 7 años, desde de la entrada en vigencia de la Ley, no renuncien a los procesos de justicia y paz para buscar mejores garantías en el sistema ordinario.

Hasta la fecha sólo se ha proferido sentencia contra 13 postulados. De ahí que haya 1900 postulados que se encuentran privados de la libertad, a la espera de ser condenados.

«De los 1900 privados de la libertad, por lo menos 51 cumplirán 8 años de privación de la libertad (lo equivalente a la pena alternativa máxima) en diciembre de 2014, y se estima que a partir de entonces cerca de 60 postulados cumplirán 8 años de privación de la libertad cada año, según la fecha de su ingreso al centro de reclusión del INPEC», se asegura en la ponencia de la norma.

Para los ponentes «dado que salir en libertad será uno de sus principales intereses, es posible canalizar ese interés en un incentivo para la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y de reparación de las víctimas. Y, al mismo tiempo, desincentivar el deseo de tramitar su caso a través de la justicia ordinaria, donde la posibilidad de las víctimas de conocer la verdad se reduce».

Igualmente la reforma a la ley de Justicia y paz exige que los desmovilizados colaboren con la justicia, decir la verdad y reparar a las víctimas. De no ser así, los otrora integrantes de los grupos paramilitares tendrán que pagar condenas hasta de 40 años, según lo fije y falle la justicia ordinaria.

Dentro del articulado se establecen facultades a la Fiscalía General de la Nación para que priorice las investigaciones de acuerdo con los máximos líderes y los crímenes más atroces.

Además, se crean los denominados patrones de macrocriminalidad, para que se puedan investigar los delitos y conductas de los bloques para hacer imputaciones colectivas.

En el mismo sentido, ahora existirán unas causales específicas de exclusión del proceso de justicia y paz como la de delinquir en un establecimiento carcelario, la renuencia a comparecer al proceso o incumpla los compromisos, cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona., cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización y cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento.

La reforma incluye una serie de disposiciones para homologar el sistema de reparación judicial que venía funcionando a través del incidente de reparación integral, y el sistema de reparación administrativa que se consagró a través de la Ley 1448 de 2011.

Consagra que las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de Justicia y Paz tendrán tendrán derecho a reparación administrativa, independeniente del proceso que curse sobre el postulado.

«Del éxito del proceso de Justicia y Paz depende en gran medida la confianza para futuros procesos de paz. Ante la reciente inclusión de los artículos 66 y 67 transitorios en la Constitución Política, como instrumentos que incentivan los acuerdos de paz, debe allanarse el camino para que los mecanismos que eventualmente sean negociados en un proceso de paz, cuenten con los vasos comunicantes necesarios para encajar en ese modelo integral de Justicia Transicional que el país reclama y que el Estado viene desarrollando» aseguran los ponentes.

Compartir: