La ley del Montes | Lazos familiares

POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

La captura de su hermano, hace 23 años por narcotráfico en Estados Unidos, tiene en el ojo del huracán a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En las últimas horas tanto el “país político”, como el “país nacional” dejaron de lado las preocupaciones relacionadas con el crecimiento del coronavirus por todo el territorio nacional para ocuparse de un asunto muy delicado y grave que compromete a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Se trata de un lamentable y vergonzoso episodio que protagonizó su hermano Bernardo Ramírez, quien en 1997 fue procesado y sentenciado por un tribunal de Estados Unidos por el delito de “conspiración por tráfico de estupefacientes”.

El escándalo que se ha desatado por cuenta de la intermediación de Marta Lucía Ramírez a favor de su hermano, mediante el pago de una garantía, al parecer, de 150.000 dólares, para que compareciera ante un tribunal estadounidense, reafirma el adagio popular según el cual entre cielo y tierra no hay nada oculto.

En el caso de la tragedia que vivió la vicepresidenta, habría que decir que el secreto familiar duró 23 años. Los hechos se conocieron por cuenta de una investigación realizada por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, quienes pusieron al descubierto todo lo relacionado con la captura de Bernardo Ramírez y la mediación a su favor por parte de su hermana.

Como era de esperarse ese “bocatto di Cardenali” fue aprovechado por los más caracterizados contradictores del presidente Iván Duque, quienes de inmediato dispararon munición gruesa no solo a Ramírez, sino al propio mandatario.

De todos los opositores al gobierno el más implacable en sus ataques fue el excandidato presidencial y actual senador Gustavo Petro, quien en un debate virtual en la plenaria del Senado pidió la renuncia de la vicepresidenta. “Yo solicito la renuncia de la vicepresidenta por no haberle dado a conocer a la sociedad colombiana que había, quizás con buenas intenciones, participado en la libertad de un narcotraficante”.

Ante semejante exigencia, las reacciones no se hicieron esperar y de todas ellas la más vehemente fue la del expresidente César Gaviria, quien ripostó: “No me molesta que esos hechos salgan a la luz pública, porque uno cuando es personaje público le pueden sacar todo. Pero de ahí a salir a decir que ella tiene que renunciar por eso, resulta verdaderamente inaudito”.

Al final de su declaración y en clara alusión a la declaración de Petro, aunque sin nombrarlo, el expresidente liberal se preguntó: “¿O es que los que piden la renuncia de Marta Lucía Ramírez nos van a contar qué hicieron en el monte y a cuántos mataron?”.

Otro expresidente, Andrés Pastrana, que también fue jefe inmediato de Marta Lucía Ramírez en el pasado, se sumó a la defensa pública de la vicepresidenta y escribió en su cuenta de Twitter: “Hace 22 años a Marta Lucía Ramírez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano. Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo”.

La tragedia que vivió en el pasado Marta Lucía Ramírez, por cuenta de su hermano preso por narcotráfico, así como el escándalo en el que está envuelta hoy, tiene dos componentes que hacen que el asunto no sea fácil de abordar: una es la esfera personal, íntima y familiar de la vicepresidenta; y la esfera política de un personaje público, que ha recibido por parte del Estado colombiano las más altas dignidades, incluyendo varios ministerios, como el de Defensa, y hasta la propia Vicepresidencia de la República, que la faculta constitucionalmente para ser la primera presidenta del país en ausencia del presidente Iván Duque.

Sobre su tragedia familiar, no hay duda alguna de que la vicepresidenta actuó movida por los sentimientos filiales de solidaridad y afecto hacia su hermano, quien vivía el peor momento de su vida. Mal habría hecho Marta Lucía Ramírez en negarse a asistir a su hermano. Eso está claro.

Pero en lo que tiene que ver con su comportamiento como personaje público, también es claro que la vicepresidenta debió contar la situación vivida hace 23 años, para darle una mayor transparencia a su conducta como aspirante a cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República. No se trata de informales a los jefes inmediatos, cómo es el caso de los presidentes de entonces, sino a quienes serían sus “jefes naturales”, en este caso, todos los colombianos.

Ese ejercicio de transparencia y de “ética pública” le habría evitado a la vicepresidenta el difícil momento que hoy está viviendo. De hecho, en su momento habría servido para ilustrar a sus potenciales electores sobre la tragedia que viven millones de colombianos por cuenta del narcotráfico.

¿Cómo afecta el escándalo de su hermano a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?

¿Asuntos personales o de Estado?

Marta Lucía Ramírez es una de las reservas del Partido Conservador para ser su candidata a la Presidencia y por ello el escándalo significa un duro golpe a esa legítima aspiración. En Colombia se está empezando a armar el rompecabezas del sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño. La oposición tiene la película muy clara y sabe bien que al descabezar a Ramírez habría dado un golpe contundente a la gran alianza oficialista que se estaría conformando con miras a las elecciones del 2022. De manera que la oposición —con Petro a la cabeza— al pedir la renuncia de Ramírez no hace nada distinto a tratar de depurar la baraja de futuros candidatos. Y en ese sentido no van a desaprovechar el “papayazo” servido en bandeja de plata por Ramírez al ocultar por 23 años el episodio de su hermano como narcotraficante. Pero es claro que nada de lo que sucede hoy hubiera ocurrido si Ramírez cuenta lo que sucedió hace 23 años, aunque no tuviera la obligación legal de hacerlo. Pero su condición de figura pública la obligaba a asumir una conducta mucho más transparente, al menos con sus electores.

¿Jefes inmediatos o jefes naturales? ¿A quién contar?

Marta Lucía Ramírez no tiene ninguna responsabilidad penal por tener un hermano condenado por dirigir una red de narcotraficantes de heroína. De eso no hay duda alguna. Punto. Pero sí tiene una gran responsabilidad política por haberle ocultado al país el episodio vivido por su hermano y del que ella fue protagonista. Nadie dice que mintió, pero al ocultar información tan trascendental es tanto como si lo hubiera hecho. No obstante, habría que ver —por ejemplo— si en su momento ella reportó el pago de los 150.000 dólares de la garantía que fijó el juez estadounidense en 1997, cuando el dólar estaba a $1.307 y el salario mínimo era de apenas $172.000 (US$131) mensuales. Son preguntas que para hacerlas no se requiere ser de la oposición al Gobierno. Pero —repito— el problema no es el pago de la garantía para liberar a su hermano. El problema es que Ramírez no le contó al país —en especial a sus electores— esta gravísima situación. Y tratándose de una funcionaria de tan altas dignidades no hay duda de que era mucho más importante informarle a sus “jefes naturales” —todos los colombianos— que a sus “jefes inmediatos” —los ex presidentes de la República—. Por eso su silencio por tanto tiempo llama tanto la atención, puesto que ella no solo supo de la clase y gravedad del delito de su hermano, sino que fue quien pagó la garantía que permitió su libertad. Es una clara violación a la regla de transparencia que debe cumplir todo funcionario público.

Una guerra donde Colombia pone los muertos

La “guerra contra el narcotráfico”, puesta en marcha por Richard Nixon, el mismo presidente de Estados Unidos que debió renunciar por mentirle a los estadounidenses, por cuenta del escándalo de Watergate, le ha costado a Colombia miles de muertos, desde candidatos presidenciales hasta jueces y directores de medios de comunicación, pasando por humildes soldados y policías. Es una “guerra” en la que Colombia no ha hecho nada distinto a poner los muertos. Marta Lucía Ramírez, como ex ministra de Defensa, tiene certeza de ello. Y por esa misma razón debió informar a quienes tendría bajo su mando que un ser muy querido por ella había sido capturado por ser narcotraficante. De eso se trata la transparencia en la vida de un personaje público. También hay que decir que ese episodio no condicionó el comportamiento de Ramírez como ministra, pues durante su gestión las organizaciones narcotraficantes recibieron duros y certeros golpes.

¿Qué sigue para la Vicepresidenta?

La vicepresidenta Ramírez no vive su mejor momento desde el punto de vista político. Los “lazos familiares” le están saliendo demasiado costosos. Uno de ellos tiene que ver con su esposo Álvaro Rincón, quien ha tenido que comparecer ante la Fiscalía General para explicar por sus presuntos vínculos comerciales con alias Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma”, con quien habría llevado a cabo proyectos inmobiliarios. Y el otro es el que se acaba de conocer de su hermano preso hace 23 años en Estados Unidos por narcotráfico. Marta Lucía Ramírez tiene una hoja de vida intachable. Su desempeño en todos y cada uno de los cargos que ha ocupado ha sido impecable. Sus logros también son extraordinarios. Pero cuando se trata de personajes públicos, que han ocupado altas dignidades del Estado, no solo deben rendir cuentas por sus actos, sino por los de su familia. En este caso el costo político que tendrá que pagar la vicepresidenta por los errores o delitos de su familia todavía está por establecerse.

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