Gobierno y FARC iniciarán en Noruega sus negociaciones

BOGOTÁ (Reuters) – El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC se sentarán frente a frente en los próximos días en Noruega, en el inicio de una negociación de paz con la que intentarán poner fin al violento conflicto interno que asedia a la nación sudamericana desde hace casi 50 años.

Es el primer intento en más de una década para buscar una solución política negociada a la confrontación, que se cobra cientos de vidas cada año e impide a la cuarta mayor economía de América Latina aprovechar al máximo su auge en los sectores petrolero y minero, soportado en la inversión extranjera.

Una serie de duros golpes militares en los últimos años han debilitado a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la muerte de varios de sus más influyentes comandantes y la deserción de miles de combatientes, pero no han logrado el objetivo de aniquilar a la insurgencia.

Ante esa situación, el presidente Juan Manuel Santos, tras conversaciones secretas con la guerrilla que comenzaron desde que asumió el poder en agosto de 2010, tratará de romper la racha de fracasos de varios de sus antecesores y lograr la anhelada paz.

Un éxito aseguraría a Santos un lugar destacado en la historia de Colombia y dejaría abierta la puerta a su eventual reelección en 2014, pero un fracaso acabaría con su capital político y sus posibles aspiraciones de continuar en el poder.

«Hay quienes creen que sólo con la victoria militar se logra la paz. Yo digo que en ninguna parte del mundo se ha conseguido la paz por las armas», dijo el ex presidente César Gaviria, que apoya las gestiones de Santos para poner fin al conflicto.

«No creo que eso, la solución al conflicto, esté a la vuelta a la esquina, pero creo que es un ejercicio que había que hacer», agregó el político que intentó sin éxito avanzar en una negociación de paz con las FARC durante su gobierno.

El mandatario colombiano, un economista de 61 años educado en Estados Unidos e Inglaterra, abrió el camino para el proceso de paz al lograr la aprobación por parte del Congreso de importantes reformas para devolver las tierras a los campesinos desplazados por la violencia e indemnizar a las víctimas del conflicto, de acuerdo con analistas.

La reforma agraria y la atención a los más desprotegidos han sido durante décadas algunas de las banderas con las que las FARC, el grupo rebelde activo más antiguo del hemisferio, justifican su lucha armada contra el Estado.

La negociación es la primera desde los fallidos diálogos durante el Gobierno del ex presidente conservador Andrés Pastrana, que comenzaron en enero de 1999 y colapsaron en el 2002 después de una escalada de ataques y secuestros por parte de las FARC, consideradas terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea.

– Infografía de negociaciones: http:link.reuters.com/xyr33t

– Infografía de las FARC: http:link.reuters.com/jes33t

NEGOCIACIÓN EN MEDIO DEL CONFLICTO

Pese al objetivo de evitar repetir los errores del pasado, Santos decidió iniciar una negociación sin un alto el fuego y aceptar el riesgo de un eventual incremento de la violencia por parte de la guerrilla para demostrar su poder en la mesa de diálogo.

Las FARC, con unos 8.000 combatientes, anunciaron que el alto el fuego será uno de los primeros temas que pondrán sobre la mesa pese a la intransigencia que ha mostrado Santos en este punto y su orden de incrementar las operaciones militares contra la insurgencia.

Expertos han interpretado esta estrategia como una política de palo y zanahoria para buscar la paz.

Después de la apertura del diálogo en Noruega, las negociaciones se trasladarán a Cuba, donde se celebraron los acercamientos secretos.

Ambas partes, con un máximo de cinco representantes en la mesa -aunque pueden tener suplentes-, discutirán cinco grandes temas que incluyen el desarrollo rural, garantías para el ejercicio de la oposición política, el fin del conflicto, el narcotráfico y los derechos de las víctimas.

Uno de los principales asuntos podría centrarse en si los jefes de las FARC, acusados de delitos de lesa humanidad, pueden hacer política o van a la cárcel para pagar por sus crímenes como reclama el ex presidente Álvaro Uribe, feroz crítico del proceso.

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