La ley del Montes | Corte de cuentas

POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Los “choques de trenes” tienen viviendo su peor momento a la Corte Suprema, que debe elegir Fiscal General y llenar 7 vacantes para no desintegrarse.

Esta semana será definitiva para la suerte de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados acaban de reintegrarse a sus despachos luego de una prolongada “vacancia judicial”. En manos de los togados está la suerte no solo del nuevo fiscal General de la Nación, que deberá ocupar en propiedad el cargo abandonado por Néstor Humberto Martínez Neira, sino la del propio alto tribunal, que está a punto de desintegrarse por física falta de quórum para tomar decisiones en sala plena.

Aunque el país está muy pendiente del nombre del nuevo fiscal general, que deberá ser escogido de la terna que fue enviada por el presidente Iván Duque a la Corte Suprema, lo cierto es que por lo pronto lo más importante y urgente es que los magistrados se pongan juiciosos a llenar las vacantes que hay en las distintas salas. En efecto, en estos momentos del total de 23 magistrados que conforman la Corte Suprema solo hay 16, que es el número mínimo de votos que se requiere para cualquier tipo de elección en esa corporación. Ello incluye, por supuesto, la escogencia del nuevo fiscal general.

En las actuales circunstancias el sucesor de Martínez Neira debe contar con la totalidad de los votos de los magistrados que sesionan en la Suprema, algo que resulta muy difícil de alcanzar por parte de los aspirantes Clara María González, Francisco Barboza y Camilo Gómez. En la actualidad ninguno de ellos tiene el respaldo unánime de los 16 togados que están sesionando en la Suprema.

La conformación de la Corte Suprema no es, pues, un asunto menor. Pero contrario a lo que ha trascendido ante la opinión pública, la elección del nuevo fiscal general es el mal menor de todos los que aquejan a esa corporación. El asunto más delicado tiene que ver con el riesgo de desintegrarse en las próximas semanas si sus actuales magistrados no logran ponerse de acuerdo en los nombres de quienes van a llenar las 7 vacantes existentes.

Y ello es así de grave porque el próximo 21 de febrero se retira –por el cumplimiento de su período constitucional de 8 años– el magistrado Ariel Salazar. Es decir, que de los 16 magistrados actuales sólo quedarían 15 y este número hace imposible cualquier elección, no solo de fiscal general, sino de nuevos magistrados.

Ante este panorama desolador y preocupante toma mayor importancia la sala ordinaria que se celebrará este 23 de enero, en la que se espera que sean elegidos por lo menos dos nuevos magistrados, que permitirían –ahí sí– no solo contar con el quórum suficiente para deliberar y fallar en sala plena, sino proceder a elegir fiscal general.

Si para el 21 de febrero –cuando se haga efectivo el retiro del magistrado Sánchez– la Corte Suprema no ha elegido por lo menos un magistrado de las 7 vacantes, ese alto tribunal podría desintegrarse. ¿La razón? Al quedar con tan solo 15 miembros es imposible cualquier tipo de elección.

Pero la primera sala ordinaria del año por parte de la Corte Suprema también es importante porque ese día también deben elegir presidente y vicepresidente del alto tribunal. El turno de la Presidencia –por rotación– le corresponde a la Sala Laboral, mientras que la Vicepresidencia le toca a la Sala Penal, que tendría derecho a la Presidencia el próximo año.

Ocurre –sin embargo– que los “choques de trenes” que se vienen dando desde hace algún tiempo entre los magistrados podría comprometer los acuerdos alcanzados sobre futuros cargos directivos, lo que enredaría mucho más el preocupante panorama. El propio presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernando García, se refirió en duros términos a pujas internas existentes entre los magistrados. Según el actual presidente de la Corte Suprema, hay una “dictadura de la minoría”, que se encarga de bloquear las decisiones más trascendentales del alto tribunal.

Es evidente que dentro de la Corte Suprema de Justicia se viene presentando un fuerte “choque de poderes”, que tiene que ver no solo con la puja por cargos directivos, sino con visiones distintas de cómo debe administrarse justicia en el país. Luego del escándalo del llamado “cartel de la toga” –que involucra a magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal– quedó en evidencia la enorme distancia que hay entre quienes son partidarios de una depuración interna en la Suprema y quienes se oponen a ese drástico cambio. Hay, ademas, una especie de “choque generacional”, que también compromete la suerte futura del alto tribunal.

Pero mientras esas batallas se libran dentro de la Suprema, el país sigue a la espera de que esa corporación cumpla a cabalidad con sus deberes, entre ellos el de elegir Fiscal General y escoger a los nuevos magistrados, que es lo mínimo que debería hacer.

¿Qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo afectan sus “choques de trenes” decisiones tan importantes, como la elección del fiscal general de la Nación? ¿Podría desintegrarse la Corte Suprema por falta de magistrados?

Una ecuación simple: sin magistrados no puede haber fiscal

Contrario a lo que podría pensarse, la escogencia del nuevo fiscal General de la Nación no es la tarea más urgente que debe cumplir la Corte Suprema. El desempeño del fiscal encargado, Fabio Espitia, así como del vicefiscal, Jaime Camacho, ha estado muy por encima de las expectativas, dada la turbulencia en la que recibió el cargo, luego de la renuncia de Néstor Humberto Martínez. Espitia ha sido un fiscal respetuoso, que ha brindado garantías y transparencia en las investigaciones adelantadas. A diferencia de sus antecesores, el “afán de la chiva” y el protagonismo mediático no lo trasnochan y eso es un punto a su favor. El asunto más importante y urgente del que debe ocuparse la Corte Suprema es escoger las 7 vacantes que hay en estos momentos. Y la razón es muy simple: si no hay magistrados, no puede haber fiscal. Primero deben elegirse los magistrados y luego estos deben elegir fiscal general. Pero el choque de poderes entre los magistrados atenta contra estos propósitos. Ojalá que pronto se superen las diferencias para que la Suprema pueda tener nuevos magistrados y Colombia nuevo fiscal general.

De la Corte Admirable al cartel de la toga

La Corte Suprema de Justicia ha tenido a lo largo de su centenaria historia brillantes y probos magistrados. Sus valores éticos y morales quedaron plasmados en múltiples sentencias que han sido objeto de estudios y reverencias. Varios de sus integrantes ofrendaron su vida en el Holocausto del Palacio de Justicia, luego de la toma cruenta por parte del M-19 en noviembre de 1985. Pero por desgracia, los más recientes episodios han mostrado una Corte Suprema manchada por comportamiento delictivos de algunos de sus miembros involucrados en el llamado “cartel de la toga”. Por esa misma razón la Corte Suprema está llamada ahora a dar ejemplo eligiendo excelentes magistrados con hojas de vida brillante, con un comportamiento ético y moral intachable y con una sólida formación jurídica, que van a contribuir para que la corporación recupere el brillo perdido. Y una vez elegidos estos magistrados, ahí si podrán escoger al mejor de los fiscales.

¡No más dilaciones, ni saboteos en la Corte Suprema…!

Que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, se refiera a un grupo minoritario de sus colegas como “extorsionadores”, muestra la grave situación interna que vive ese alto tribunal, que tiene a su cargo las investigaciones más delicadas de los altos signatarios del país, así como la enorme responsabilidad de elegir al Fiscal General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia –en su momento la alta corte con mayor prestigio– está al borde de su “desintegración”, al no poder contar con el número suficiente de magistrados para tomar decisiones en sala plena. La pugnas internas y la lucha de poderes podrían llevar a la Suprema a la inacción, lo que tendría muy graves consecuencias para el país. Punto. El cumplimiento de sus deberes es lo mínimo que tienen que hacer los poquísimos magistrados que hoy integran la Corte Suprema y el primero de ellos es llenar las 7 vacantes existentes. La elección de los nuevos magistrados debe darse sin más dilaciones y saboteos. Ni el alto tribunal ni el país merecen el triste espectáculo que protagonizan los togados de la Suprema.

Graves denuncias del presidente de la Corte Suprema

El año pasado –antes de que se iniciara la “vacancia judicial” de diciembre– el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, denunció una especie de “bloqueo” por parte de varios de sus colegas, quienes harían parte de un grupo minoritario, cuya tarea no sería distinta a la de torpedear asuntos de interés general. “Extorsionar es la palabra que se emplea cuando se bloquea para tomar decisiones con intereses particulares. Eso se llama extorsión”, declaró a los medios de comunicación. Pero el presidente de la Corte Suprema fue mucho más allá: “Hay un grupo minoritario que es el que deja juntar las vacantes, hasta el punto que ya tenemos siete. Ahora dejaron juntar las vacantes con la elección del fiscal. En enero tiene que reventar lo que sucede en la Corte”. Esta grave denuncia pasó desapercibida por cuenta de la celebración del fin de año, pero una vez reanudadas las actividades en el alto tribunal es necesario que se aclare lo que ahí sucede. Al respecto hay muchas preguntas y pocas respuestas: ¿A qué grupo minoritario se refiere el presidente de la Corte Suprema cuando habla de magistrados que estarían “extorsionando” a sus colegas? ¿En qué consiste el bloqueo al que se refiere por parte de sus colegas? ¿Qué tipos de bloqueos y en qué casos concretos?

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