En 2020 se reanudarían las aspersiones con glifosato

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Con el propósito de crear una reglamentación sólida sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente para la destrucción de cultivos ilícitos a través de aspersión aérea, los ministerios de Justicia, Defensa, Salud y Protección Social, y Ambiente, informaron a la opinión pública acerca de la elaboración de este Proyecto de Decreto, que estará disponible para comentarios este lunes 30 de diciembre, por un término de 30 días (el doble de tiempo establecido por la Ley), a través de la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Se espera que con las medidas que busca implementar el Gobierno Nacional, planteadas en este proyecto normativo, se armonice la estrategia integral de la reducción de cultivos ilícitos con las inquietudes de la ciudadanía en torno a los riegos en la salud y la afectación para el medio ambiente con este método de erradicación.

Cabe mencionar que la publicación para comentarios, del Proyecto de Decreto no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión, sino que será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación.

Se plantean veedurías ciudadanas y vigilancia de la ANLA y el INS a las repercusiones ambientales, sanitarias y sociales que pueda acarrear volver a esta práctica.

ABC DEL DECRETO:

  • La ejecución de la actividad a cargo de la Policía Nacional.
  • Un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
  • Una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la ANLA.
  • Una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación.
  • El desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente.
  • Un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.
  • Y espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información.
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