$10.000 millones se perdieron en protestas de Medellín

En sólo dos días que el Centro estuvo semiparalizado por los actos vandálicos, las pérdidas económicas ascendieron a los 10.000 millones de pesos, cifra que habla de la dimensión del daño que se la causa a Medellín cuando este sector, que es su corazón, se ve afectado.
Por eso los gremios, a través del Grupo Multisectorial de Empresarios de Medellín, manifestaron su respaldo a las autoridades en el control de los manifestantes y su apoyo al Plan Piloto que puso en marcha la Alcaldía.
El vocero del grupo, que representa a 72 asociaciones de comerciantes, Fernando Alonso Orrego, leyó un comunicado que aclara que los actos vandálicos del lunes y el martes, “son provocados por personas interesadas en generar confusión y temor”.
El gremio, que recoge el pensamiento de entes como la Cámara de Comercio, Corpocentro, Asoguayaquil, la Cámara Colombiana de la Confección y la Corporación de Comerciantes de Bolívar, invita a la comunidad a no dejarse intimidar y a denunciar toda “situación que ponga en riesgo la vida o el orden ciudadano”.
Hay convivencia A nadie que trabaje legalmente le conviene que el Centro se convierta en un campo de batalla. Por eso, tanto el gremio de los vendedores informales como el de los formales, promueven una sana convivencia y ambos dicen que ante todo hay que respetar el derecho al trabajo.
En esta zona de la ciudad, compuesta por 571 manzanas y en la que laboran unas 300.000 personas, según Corpocentro, se viene trabajando hace ocho años en un proceso de formalización de los vendedores de la calle, que en total son 15.000, 3.000 de ellos ya carnetizados. Para estos últimos hay un clamor porque logren formalizarse y así acceder a un trabajo digno.
Albeiro Giraldo , presidente de la Federación Antioqueña de Venteros Informales, advierte que nada hace más daño que una protesta violenta. Admite que por una confusión relacionada con un supuesto plan de la Alcaldía para erradicar a todos los vendedores informales, se inició un movimiento pacífico en la mañana del lunes, pero que la misma tomó ribetes inesperados debido a la presencia de gente que quiso pescar en río revuelto y sembrar caos. Y lo expresa con claridad para despejar dudas: “Desde que empezó el vandalismo, los vendedores informales nos retiramos y lo que ha pasado después no tiene que ver con nosotros”.
Añade que desconoce quién puede estar detrás de estos actos y pide que las autoridades lo aclaren. Giraldo afirma que desconoce si hay ambulantes que estén ligados a grupos ilegales, pues “si una persona decide meterse en ese tipo de actividades no se va a quedar todo el día expuesta al sol y al agua en las calles”.
Raúl Echeverri , presidente de Asoguayaquil, que aglutina a 40 centros comerciales especialmente del sector El Hueco, afirma que el comercio organizado guarda las mejores relaciones con los comerciantes informales y que no es cierto que sea su gremio el que esté incitando a que se persiga a los vendedores callejeros.
“En los locales ya no se manejan primas (pagos por funcionamiento), pero hay unas cargas tributarias de arrendamientos, empleados y otros gastos que hacen que la competencia no sea leal, pero los comerciantes carnetizados están en ese rol de tributarle al fisco y tenemos colegaje”.
Señala que parte del comercio organizado ha adquirido casetas para dignificar el trabajo del vendedor callejero.
Para su asociación, el gran problema del Centro no es la inseguridad sino la movilidad, que se ve afectada por la mala ubicación de las mercancías en aceras, por el excesivo tráfico y la carencia de parqueaderos, muchos de los cuales no están regulados.
“La seguridad la garantizamos con empresas legalmente constituidas y de nuestra parte no pagamos Convivir, ni las avalamos, ni yo personalmente las conozco”.
Legalidad-ilegalidad Pero todo puede pasar en ese extenso territorio de 220 hectáreas y 17 barrios que abarca el Centro.
Mientras las autoridades policiales han detectado que actúan 7 convivires locales y 5 bandas de otros territorios de la ciudad que manejan la extorsión, el atraco, la prostitución y 88 plazas de vicio plenamente identificadas, la legalidad se mueve en cifras que se ven astronómicas.
El área por que la que pasan al día 1 millón 200.000 personas, entre ellas 120.000 estudiantes de 59 instituciones educativas, exige un plan que lo haga habitable, seguro, un espacio de convivencia.
Esto lo quiere el más encumbrado empresario que genera empleos y se lucra de sus negocios, hasta el más sencillo de los comerciantes callejeros, como Edilberto Velásquez , que se gana el pan vendiendo camisetas en un tendido que pone sobre la acera de Junín con Boyacá.
Este padre de familia que no pudo sacar su mercancía el lunes, argumenta que ese día le tocó comer fiado. “Si estos problemas siguen, nos vamos a arruinar, hay que arreglar en paz y que nos organicen a los que no tenemos carné”.
Lo que pase en el Centro termina afectando a 123.698 personas que viven en sus 90 edificios y 18.000 viviendas.
Impacta a 4.000 habitantes de calle que merodean por sus avenidas, a los visitantes y empleados de sus 22.500 negocios, sus 8 museos, 12 teatros, 160 centros comerciales y 176 organizaciones sociales que tienen asiento en la zona.
Un terreno pulpito para que la ilegalidad actúe, pues esta no conoce límites y ha logrado ponerles cuota hasta a los vendedores de minutos de celular, que de moneda en moneda mueven millones.
El Concejo en pleno, en un mensaje de respaldo al alcalde, Aníbal Gaviria, y su Plan Piloto, expresó que “la situación de deterioro urbanístico y social del Centro ha sido producto de varios años de atención deficiente y por ello somos conscientes de la necesidad de que se implementen acciones de la magnitud y pertinencia que su Administración ha emprendido, con la finalidad de recuperar este importante espacio para el disfrute de toda la ciudadanía, distinguiendo las actividades legales informales que ameritan una protección especial, de las actividades ilícitas que ameritan una contundente respuesta del Estado”.

Fuente: www.elcolombiano.com

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