BOGOTA, 27 de Septiembre _ RAM_.. Son 30 procesos contra magistrados y exmagistrados de las salas Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia los que serán enviados de la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a la comisión de instrucción del Senado, teniendo en cuenta que éste es el juez natural de los aforados constitucionales.
Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara, Augusto Posada Sánchez, quien insistió en que es responsabilidad del Senado, hacer cumplir lo dispuesto en esos procesos que, en algunos casos, son órdenes de detención por desacatos de tutela.
“El trámite no tiene nada de extraordinario, cuando hay un incumplimiento a una tutela por parte de la Corte cualquier ciudadano puede denunciar ante la Comisión de Acusación, pero ni siquiera se investiga en la plenaria de esa comisión, ni en la plenaria de la Cámara, inmediatamente el secretario traslada el desacato al juez natural donde se decide dónde se puede tomar la decisión de decretar un arresto de cinco días”, explicó Posada.
Agregó que durante varios años se han remitido alrededor de 20 ó 30 expedientes al Senado. Sin embargo, esta es la primera vez que se quiere conformar la comisión de instrucción, la cual deberá ser integrada por siete senadores quienes deberán presentar una ponencia a la plenaria del Senado para juzgar a los aforados.
Frente a las dudas a cerca del por qué hasta ahora esos procesos hacen trámite, a pesar de haber sido presentados hace mucho tiempo, Posada señaló que en este pronunciamiento de última instancia, el sistema judicial se ha pronunciado frente al cumplimiento de los derechos fundamentales a través de las tutelas. “Si la entidad desconoce ese fallo es el juez el que la tendría que hacer cumplir fallar o determinar las sanciones”, confirmó.
El envió de esos procesos, tal como se ha informado, consideraron los presidentes de las dos corporaciones en el Congreso es natural, pues así lo concibe la ley.
El miércoles, el Senado conformó una subcomisión para que le rinda informe a la plenaria del Senado y establecer qué debe hacerse en este polémico caso.