Una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al corredor vial Bogotá-Villavicencio, encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo Contrato de Asociación Público — Privada.
El ente de control advirtió que debido a que no se incluyen estos factores en el contrato, «se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor.
Igualmente, se establecieron hallazgos fiscales por más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 1.883 millones de pesos corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores, sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento.
El documento también señala que en la estructuración de la nueva concesión se detectó que la atención de sitios críticos o inestables se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial.
Para la Contraloría, la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsables tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor.”