Tribunal revivió caso del comité promotor del referendo reeleccionista

BOGOTA, 27 de Septiembre _ RAM_. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de un juez de conocimiento que anuló el proceso penal que se adelantaba en contra de siete personas que hacían parte del llamado grupo promotor del referendo que buscaba un tercer periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez.

En el fallo se indica que no existieron errores de la Fiscalía General de la Nación al imputar cargos por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal en contra de 11 integrantes del comité del referendo reeleccionista, que buscaba un segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En un salvamento de voto de la decisión un magistrado advirtió que se le debe solicitar al Consejo Superior de la Judicatura que nombre un juez de descongestión para evitar dilaciones en el juicio que se adelanta contra estas siete personas que presuntamente habrían cometido irregularidades en todo el proceso.

Por estos hechos son procesados Hediel Saavedra Salcedo, Gustavo Antonio Dager Chadid, Cecilia Paz de Mosquera, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Velásquez Cock y David Salazar Ochoa como presuntos cómplices del concurso de delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal que se les endilga a los señores Giraldo Hurtado y Jaramillo Uribe.

El pasado 21 de marzo una juez de conocimiento decretó la nulidad del proceso judicial que se adelantaba contra siete personas por su presunta participación en las irregularidades que se cometieron en el referendo reeleccionista.

Según la decisión judicial, se presentó una seria irregularidad en la imputación de cargos contra siete de los nueve implicados en este proceso. Ante esto se tendrá que volver todo el proceso en contra de dos personas, entre las que se encuentra el excongresista y exsecretario del Partido de la U, Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo.

Según el abogado David Espinosa, quien defiende los intreses deLuis Guillermo Giraldo, los siete miembros que conformaban el llamado Comité Promotor del Referendo Reeleccionista serán nuevamente indiciados en este proceso, mientras que la Fiscalía tendrá que hacer nuevamente la imputación de cargos contra su cliente y Jaramillo.

“Según la señora juez la Fiscalía no determinó ninguna conducta que pudiera haber cometido estas personas, solamente se les estaba procesando por ser miembros del Comité. Continuamos el proceso con unas pocas personas con las que supuestamente se han cometidos unos hechos”, precisó Espinosa.

El pasado 3 de febrero, los abogados habían pedido la nulidad del proceso al considerar que durante el año que lleva el proceso se han modificado las pruebas y los cargos en su contra, puesto que al inicio todos eran presuntos responsables de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, pero con el paso del tiempo se modificó este pliego de cargos, y ahora ocho implicados aparecen como cómplices.

«La nulidad se pide porque cambiaron la imputación a la acusación fáctica, a usted no lo pueden decir como dijo un abogado que le pellizco el cachete a una muchacha y luego que le pellizcaron el trasero», manifestó Giraldo.

Para el excongresista uribista es falso que quieran dilatar el proceso que se les adelanta, señalando que los seis aplazamientos que se han registrado en los últimos 12 meses han sido “por culpa de los fiscales, del otros sujetos procesales y por diversas circunstancias”.

El primer aplazamiento se presentó por la no asistencia del representante de la Registraduría, el segundo fue por un cese de actividades judiciales en protesta por el asesinato de una juez en Arauca, después se enfermó el fiscal del caso, posteriormente se murió el papá de la juez que lleva el caso, “por eso nosotros no tenemos nada que ver con esos aplazamientos”.

Y es que el inicio formal del juicio por las irregularidades en el presupuesto para financiar el referendo reeleccionista que buscaba un tercer periodo para el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez ha registrado diversos aplazamientos que han sido señalados como una “maniobra dilatoria” por parte de los implicados para lograr el vencimiento de términos.

 

 

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