La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a congresistas, ministros y generales, entre otros, sufrió su primer revés desde su entrada en funcionamiento a mediados del año pasado. La Sala de Primera Instancia de ese mismo tribunal anuló la primera acusación que esa sala dictó, en enero pasado, en contra del exsenador Carlos Enrique Soto. Ahora, el caso deberá valorarse de nuevo.
Carlos Enrique Soto es investigado porque, siendo senador, certificó que uno de los integrantes de su UTL, Juan David Giraldo, cumplió con sus funciones entre días 21 de agosto de 2012 y 28 de noviembre de 2013, periodo en que realmente estaba fuera del país, sin que se le hubieran concedido vacaciones, permiso, licencias o comisión de servicios. Y en ese periodo de tiempo recibió su salario normal.
Por este caso, el Consejo de Estado en 2017 decretó la muerte política de Soto. En enero, fue llamado a juicio para que respondiera por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. Esa decisión fue firmada solo por dos, de los cinco magistrados que actualmente conforman la Sala, porque esa corporación creó un reglamento en el que se subdividía en dos.
No obstante, la Sala de Primera Instancia, que es la que tendría que adelantar el juicio, dijo que la acusación la tenían que firmar al menos tres personas para que hubiera mayorías. “El mayor número de magistrados de la Sala Especial de Instrucción que participen en la toma de una decisión no solo garantiza de mejor manera su corrección, sino que compensa de alguna manera la imposibilidad de impugnarla mediante el recurso de apelación”, dice la decisión.