LEY DEL MONTES | Semáforos en amarillo

Por Oscar Montes

@LeyDelMontes

El desempleo y la pobreza pasan a ser los grandes dolores de cabeza del Gobierno en materia social. ¿Por qué la economía no prende motores?

En menos de un año, cuando se supone que los colombianos todavía estamos en plena luna de miel con el nuevo gobierno, Iván Duque ha tenido que capotear dos hechos sociales y económicos que podrían comprometer su mandato: el desempleo y la pobreza. Ambos galopan desbocados sin que nadie en el Ejecutivo se percate de la grave situación.

En la búsqueda de explicaciones y hasta de justificaciones, algunos amigos y funcionarios del Gobierno coinciden en un nombre como el gran responsable de lo que sucede: Juan Manuel Santos, a quien señalan de ser el artífice del mal momento. Otros, como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, descargan la responsabilidad en el éxodo de venezolanos al país. Unos y otros están de acuerdo -eso sí- en que Duque está tratando de apagar el incendio que Santos provocó con su negociación con las Farc.

Pero mientras los indicadores económicos en su inmensa mayoría -en especial los que tienen que ver con sectores sociales- tienen activadas sus alarmas, el Gobierno insiste en concentrar sus energías en hechos y personajes que distraen su atención y lo alejan del foco de lo que en realidad importa a los colombianos. Uno de dichos personajes es alias Jesús Santrich, un jefe de segundo nivel de las desaparecidas Farc, cuya suerte hoy depende única y exclusivamente de decisiones judiciales, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Uno de los primeros que llamó la atención sobre el creciente deterioro de los indicadores económicos fue el presidente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien se refirió tanto a la enfermedad, como a sus causas. Para Echavarría, la polarización política empezó a tener efectos nocivos en la economía y ya es hora de que todos tomemos conciencia de ello.

De todos los indicadores con luces amarillas encendidas, los más preocupantes son dos, por sus efectos directos en los sectores más vulnerables de la población: el desempleo y la pobreza. Mientras el desempleo mantiene la tendencia creciente que traía en los últimos meses, la pobreza se incrementó de forma extraordinaria en el último año.

Según el más reciente informe del Dane, dado a conocer el pasado viernes, la tasa de desempleo se ubicó en abril en 10,3 por ciento. Es decir, siguió creciendo, puesto que subió un 0,8 por ciento comparado con el mismo mes del año pasado. Cartagena y Barranquilla son las únicas ciudades de la Región Caribe con desempleo inferior a un dígito. La primera con 7,5 por ciento y la segunda con un 8,0 por ciento.

En lo que tiene que ver con la pobreza, el mismo Dane mostró hace tan solo algunas semanas unas cifras alarmantes, tanto para el país en general, como para la Región Caribe en particular. En efecto, según el Dane, la reducción de la pobreza -que venía con buen ritmo- se estancó el año pasado. Y algo mucho peor: no solo se estancó, sino que creció, tanto la monetaria como la multidimensional. La primera pasó de 26,9 por ciento en 2017 a 27 por ciento en 2018. Es decir, el año pasado hubo en el país 200.000 nuevos pobres, cifra que se sumó a los 13,8 millones de pobres calculados en el país. La pobreza multidimensional -que mide las privaciones en Educación, Salud, Servicios Públicos, Niñez y Juventud, entre otros- también se incrementó de forma extraordinaria. Pasó de 17,8 por ciento en 2016 a 19,6 en 2018. En plata blanca ello significa que en los últimos dos años 1.1 millones de colombianos cayeron al foso de la pobreza multidimensional.

Los indicadores -en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza- dejaron de ser alentadores para convertirse en preocupantes. Es decir, los pobres en Colombia en lugar de disminuir, como suele ocurrir por cuenta de las decisiones que adoptan todos los gobiernos, comenzaron a crecer, lo que termina por agravar la situación.

La razón natural indica que a mayor número de desempleados y de pobres, mayor es la desigualdad, lo que quiere decir que la brecha social que separa a los pocos que tienen mucho de los muchos que tienen poco es cada día más grande. ¿Qué llevó al país a esta delicada situación y qué hacer para superar la crisis?

¿Qué hacer ante el éxodo venezolano?

 

Los cálculos más moderados indican que 1,2 millones de venezolanos han llegado al país en los últimos años. Pero hay quienes afirman que podrían ser unos 2,2 millones. Expertos sostienen que de 5.000 migrantes venezolanos que ingresan al país todos los días, unos 2.000 se quedan. Para atenderlos, Colombia debería invertir el 0,5 por ciento del PIB. Solo este año habría que destinar 1 billón de pesos para asistirlos en salud. Un cifra sirve de botón de muestra: el año pasado fueron atendidas en centros hospitalarios de Barranquilla 2.500 venezolanas embarazadas. La cifra me la suministró la secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano, en entrevista que le hice para La Ley del Montes en Telecaribe. Está demostrado que ni Barranquilla ni el Atlántico tienen recursos para atender a los miles de venezolanos que deambulan por la ciudad y el Departamento. Lo mismo sucede en otras ciudades de la Región Caribe. La “tragedia humanitaria” que significa su éxodo nos desbordó a todos. No hay plata que alcance. Se requiere con urgencia de la colaboración y asistencia de organismos internacionales, así como de los países más poderosos del mundo. Un país pobre como Colombia, que no tiene plata ni para atender a los colombianos, mucho menos tiene para atender a los extranjeros. Triste tener que reconocerlo, pero esa es la realidad.

Venezolanos en Colombia: lo barato sale caro

 

Pero la situación de por sí delicada y compleja de la población venezolana en el país, empieza a tener graves incidencias en el campo laboral. La contratación de venezolanos y venezolanas muy por debajo del salario mínimo legal vigente en Colombia está desplazando a los nacionales de sus centros de trabajo. Para decirlo con toda su crudeza: con lo que le pagan a un colombiano, los empleadores del país contratan dos venezolanos. Se trata, obviamente, de una ilegal y perversa explotación laboral. Ese desplazamiento laboral empieza a reflejarse en las cifras de desempleo. En su afán por abaratar costos, contratando mano de obra barata, los empleadores nacionales están cavando su propia fosa, pues lo poquito que pagan no se queda en el país, sino que emigra para Venezuela, donde está buena parte de la familia de quien llegó a Colombia buscando mejor suerte. El colombiano que se quedó sin trabajo tendrá que rebuscarse en la informalidad o -en el peor de los casos- deberá dedicarse a actividades ilegales. Conclusión: la mano de obra barata y en muchos casos ilegal de venezolanos y venezolanas tiene un costo demasiado alto para la economía. Esta es una realidad triste y lamentable que el Gobierno Nacional no puede seguir eludiendo.

Santrich no es “San Trich”

 

Alias Jesús Santrich no es un santo, como quieren hacerlo ver sus desvergonzados amigos y aliados políticos. Es un guerrillero desmovilizado que tiene que rendir cuentas por sus actuaciones y responder por los graves señalamientos que pesan en su contra. A Santrich lo acusan tanto la Fiscalía como la Justicia de Estados Unidos de ser aliado de narcotraficantes mexicanos para pretender ingresar varios kilos de cocaína a ese país. Que cayó en una trampa después de haber firmado la paz con el gobierno de Santos o que nunca lo hizo es algo que deberá aclararse durante el juicio al que tendrá que comparecer, sea en Colombia o en Estados Unidos. Pero Santrich no puede convertirse en el centro de atención del gobierno en pleno. Si es narcotraficante se tendrá que ir extraditado para los Estados Unidos y si no lo es, pues se quedará en Colombia, ocupando una curul en la Cámara de Representantes, gústenos o no, porque así quedó establecido en los acuerdos de La Habana, firmados por Santos y las Farc. Punto. Pero Santrich no puede convertirse en el centro de atención de un país con tantos y tan graves problemas, económicos y sociales, como Colombia. Bastante tuvimos con 50 años de protagonismo de las Farc, con Marulanda a la cabeza, como para tener que vivir ahora las 24 horas del día en función de un personaje de segundo o tercer nivel del que fuera el grupo guerrillero más criminal en la historia reciente del país.

Duque, ¿bombero o pirómano?

 

El presidente Iván Duque está para apagar el incendio, no para echarle más gasolina. Ya no es el parlamentario fogoso que de la mano de Álvaro Uribe se convirtió en el Senador estrella. Esos tiempos quedaron atrás. Hoy la suerte del país está en sus manos, gústele o no a sus enemigos políticos. Si le va bien, al país le va bien. Apostarle a su fracaso es mezquino desde todo punto de vista. Pero es urgente que el Presidente recupere la gobernabilidad mediante la conformación de una gran alianza política, pues la que lo respalda no solo no es suficiente, sino que podría llevar al naufragio todas sus iniciativas. Y algo peor: expone al Gobierno a que otras iniciativas absurdas -como la de darle el 20 por ciento del Presupuesto Nacional a los congresistas para que lo manejen de forma autónoma- sean aprobadas. Los acuerdos políticos los hacen todos los gobiernos del mundo mediante la conformación de alianzas programáticas. Y casi siempre -o mejor dicho: siempre- ellas están acompañadas de representación en distintas entidades del Estado. Eso no es malo: lo malo es darle representación a bandidos y corruptos.

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