Fiscal pide a MinHacienda devolver a BanRepública el monopolio de la compra de oro

A través de una carta el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reiteró lo dicho la semana pasada cuando anunció los dos operativos más grandes que han dado en contra de la venta ilegal de oro. Esta vez, lo hizo formalmente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

“Tal como lo he manifestado públicamente, estas circunstancias hacen necesario adoptar decisiones que impidan la profundización de esta industria ilícita, lo que en nuestro entender pasa necesariamente por la necesidad de restablecer en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país”, indicó el jefe del ente investigador.

El fiscal aseguró que la venta ilegal de oro hace urgente y necesario asumir una posición conjunta de Estado, que permita prevenir la generación de riqueza ilícita a particulares que financian la evidente e insostenible destrucción del medio ambiente a nivel nacional y que, lo más grave, contribuye al financiamiento de los Grupos Armados Organizados.

Según el fiscal, a la fecha han judicializado a 50 proveedores nacionales de oro los cuales habrían efectuado operaciones de lavado de activos por un valor de $10.6 Billones de pesos.

La cadena

Los investigadores ya detectaron la cadena ilegal. En primer lugar, la extracción ilegal de oro con la correspondiente afectación del medio ambiente; la comercialización interna del mineral extraído de manera irregular a través de empresas fachada que dan apariencia de legalidad a la operación y; la comercialización internacional de oro, lo cual ha generado desorbitantes incentivos económicos cuyo resultado es una significativa operación de lavado de activos, como ha sido revelado por las investigaciones de la Fiscalía.

Casos 

En el primero de los casos, referido a la Comercializadora Internacional Metales Hermanos y a un grupo de proveedores ficticios de oro, se develó un esquema que habría permitido a este entramado la supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que mediante la constitución de empresas fachada, transacciones inexistentes, e inclusive la utilización de la identidad de varios miembros de una comunidad indígena en el Guainía, habría permitido una operación de lavado de algo más de $1,9 billones de pesos entre los años 2009 y 2014.

El segundo caso involucra a la Comercializadora Internacional CIJ Gutierrez y varios de sus proveedores. La Fiscalía investigó 10 años de la operación comercial de esta comercializadora y de sus principales proveedores, revelando que cuando menos durante este tiempo se habrían efectuado operaciones de compra de oro de manera ficticia, operaciones con proveedores sin perfil económico o capacidad para desarrollar esas operaciones, así como también con personas fallecidas. En este caso según los investigadores, el monto del lavado de activos alcanzaría los $2.1 Billones de pesos.

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