Pese a su urgencia, ¿para cuándo la Reforma Judicial?

Por Oscar Montes

La hundida Reforma Judicial, en cuyo trámite pelaron el cobre las altas cortes y los parlamentarios, adolecía de muchos vicios, como en su momento fue denunciado por las redes sociales y los medios de comunicación, pero también dicha iniciativa resolvía algunos de los problemas que aquejan a la administración de justicia y que tienen que ver con problemas estructurales, como la doble instancia en el juzgamiento de los parlamentarios, y otros coyunturales, como el hacinamiento carcelario que se está presentando en el país.

El hundimiento de la iniciativa aplazó quién sabe para cuándo la solución de los gravísimos problemas que aquejan hoy por hoy a la administración de justicia en el país. A juzgar por la agenda legislativa que el Gobierno acaba de radicar ante el Congreso de la República, la tan esperada reforma judicial tampoco será una realidad durante el mandato de Juan Manuel Santos.

Es evidente que el Gobierno no está interesado en sufrir un nuevo desgaste político con un tema que deberá ser objeto de duros debates en el Congreso de la República y que podría comprometer el futuro inmediato del presidente Juan Manuel Santos, interesado en sumar respaldo político de cara a una posible reelección.

Los congresistas tampoco parecen interesados en cargar con ese muerto, mucho más si dicha reforma no contempla garantías procesales universales como la doble instancia.

Las altas cortes tampoco quieren meterle muela al asunto, pues no quieren perder las gabelas que tienen en materia electoral, sobre todo a la hora de escoger Contador General, Procurador, Contralor. Así las cosas, la reforma judicial carece de dolientes y pese a su urgencia nada hace pensar que será una realidad en este Gobierno.

El hacinamiento carcelario es de presos, no de visitantes

La congestión judicial, que ya es endémica en el país, seguirá siendo probablemente uno de los mayores problemas y comprometerá a todas las especialidades de la administración de justicia.

Hay congestión en lo civil, en lo disciplinario, en lo contencioso administrativo y especialmente en lo penal, fenómeno que incide directamente en el hacinamiento carcelario y que vemos todos los días en horripilantes escenas que muestran los noticieros de televisión. Hasta en lo constitucional hay congestión.

No obstante ello -y ante semejante panorama- la única propuesta que se le ha escuchado a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ha sido la de establecer la figura del ‘Pico y Placa’ para las visitas a los reclusos por parte de sus familiares, mecanismo que soluciona la congestión de las visitas a las cárceles, pero que resulta absolutamente inútil para enfrentar el verdadero problema del hacinamiento de los presos.

Mejor dicho: el trancón no es de visitantes, sino de reclusos. Nada ha dicho la Ministra sobre la política de descuentos procesales, tampoco sobre los problemas que enfrenta el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como lo acabamos de ver con el asesinato en las playas de Cartagena de un fiscal de menores por parte de un joven de 16 años.

No sabemos si es por temor ante la impopularidad de la reforma hundida, por franco desconocimiento de los problemas de la justicia, o por simple decisión política de no hacer nada, pero preocupa la inmovilidad sobre asuntos vitales de la administración de justicia.

El Ministerio Público y el principio de neutralidad

Cuando se habla de justicia, al país algunas veces se le pasa por alto la Procuraduría General de la Nación, organismo que no solo cuenta con una frondosa y costosa nómina, sino que en más de una ocasión sus agentes -sobre todo los que actúan ante las altas cortes- toman partido en contra de los procesados con el único fin de congraciarse con los magistrados para los que casi siempre están haciendo campaña.

Cada día es más frecuente el triste espectáculo que brindan los delegados del Ministerio Público, quienes muchas veces terminan alejándose de los principios de neutralidad y asumen posturas que favorecen a jueces y magistrados, quienes saben que cuentan con su pleno respaldo.

Se trata, obviamente, de un comportamiento indecoroso que en nada contribuye a la buena administración de justicia. Cuánta de la congestión carcelaria que hoy afronta el país pudo evitarse si los delegados del Ministerio Público hubieran cumplido a cabalidad sus funciones.

Carteles de testigos y doble instancia de parlamentarios

Aunque en Colombia resulte muy popular hablar mal del Congreso en general y de los congresistas en particular, lo cierto es que si en algo tiene razón la clase parlamentaria nacional es en sus reclamos en el sentido de encontrarse en desventaja frente a la Rama Judicial, hasta el punto de comprometer su independencia, puesto que modifica las reglas de juego de la democracia clásica en lo que tiene que ver con la separación de poderes.

Sobre los congresistas penden hoy las amenazas de procesos penales fundamentados en testimonios amañados que responden a intereses propios de los miembros de grupos al margen de la Ley y quienes han llegado a la desfachatez de operar como “verdaderos carteles”, tal y como lo reconoció el fiscal General, Eduardo Montealegre.

En ningún país del mundo los parlamentarios pueden ejercer de manera autónoma su función de control político, de oposición o simplemente legislativa, si sobre ellos hay todo tipo de presiones por parte de un sistema que define su suerte y que además ejerce sus funciones como única instancia.

Por lo anterior es urgente discutir un modelo de administración de justicia que permita a los congresistas la posibilidad de una segunda instancia y les brinde las garantías procesales que hoy no tienen, así dicha iniciativa resulte impopular.

El Gobierno no está interesado en la Reforma Judicial

En medio de una agenda legislativa que se muestra absolutamente congestionada y con un panorama político enrarecido porque el año entrante se inicia la campaña parlamentaria, el presidente Juan Manuel Santos decide si se lanza a la reelección, y también se conocerá el éxito o el fracaso de las negociaciones con las Farc; es apenas obvio que el tema de la Reforma a la Justicia es el menos importante para el Gobierno.

Y ello es así porque, sin duda,se trata del que mayor debate necesita en el Congreso, lo que le generaría al Gobierno un desgaste en su maltrecha relación con los partidos y movimientos que integran la llamada Unidad Nacional, así como una nueva confrontación con las altas cortes, que siguen interesadas en sacarle provecho a una reforma particularmente generosa con sus intereses.

En esas condiciones, el Gobierno no le meterá el diente a una iniciativa que podría significarle un enorme costo político, con lo cual la necesitada y ansiada reforma judicial seguirá aplazada.

@leydelmontes


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