Despenalización amplia del aborto plantea el gobierno en Colombia

El Ministerio de Justicia propondrá la “despenalización amplia” del aborto en Colombia, como alternativa para evitar los abortos clandestinos y amparar los derechos de las mujeres.

La propuesta la formalizará el Ministerio de Justicia el próximo martes ante el Consejo de Política Criminal, con base en un estudio que elaboró una comisión especial que fue integrada hace mas de un año, siendo jefe de esa cartera Juan Carlos Esguerra Portocarrero y en el cual se plantea que en Colombia se debe dejar de perseguir a las mujeres que deciden abortar y concentrar esfuerzos en campañas de prevención y educación sexual.

La iniciativa de una despenalización amplia del aborto se propone en medio del debate provocado alrededor de la retractación que ordenó la Corte Constitucional al Procurador Alejandro Ordoñez por declaraciones que hizo en contra de sus decisiones sobre el tema.

El documento señala que “es indudable que para evitar los abortos clandestinos y amparar los derechos de las mujeres, Colombia requiere una despenalización mucho más amplia que la que actualmente existe de interrupción voluntaria del embarazo”.

La Corte legalizó los abortos en casos de violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud de la madre.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio, luego de 5 años, los procedimientos legales apenas pasan de mil en todo el país. En todas las demás situaciones, una mujer que decide abortar se expone a una condena de hasta dos años de prisión.

En el documento de la comisión se destaca un estudio del Instituto Guttmacher, el cual estableció que cada año en Colombia 132 mil mujeres sufren complicaciones de salud por abortos clandestinos, cifra que representa el 30 por ciento de las mujeres que abortan ilegalmente en el país.

El viceministro de Justicia Farid Benavides, señaló que una política criminal frente al aborto debe despenalizarlo mucho más ampliamente que lo previsto en las sentencias de la Corte del 2006, pues subrayó que el marco normativo derivado de esas sentencias es aún muy restrictivo y sigue provocando abortos clandestinos y afectaciones graves a los derechos de las mujeres.

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