Enérgico reclamo de Asamblea de San Andrés a la canciller

El Isleño. Mediante una enérgica y explícita comunicación dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la Asamblea Departamental de San Andrés y Providencia, cuestionó el accionar del equipo de la defensa colombiana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el litigio por las fronteras marítimas que mantienen Colombia y Nicaragua.

Por unanimidad los once diputados rechazaron categóricamente la propuesta de la llamada ‘línea media’ sugerida por la defensa colombiana ante la CIJ, como solución para el litigio entre los dos países.

La razón principal para sustentar esta posición antagónica a la esgrimida por la Cancillería de nuestro país, radica en que dicha propuesta estaría propiciando la pérdida de un espacio de vital importancia para el Departamento Archipiélago: es decir la zona de intersección entre el meridiano 82º y el paralelo 15º, conocida por los pescadores del archipiélago como “la esquina” del banco pesquero de Quitasueño.

Dicha esquina, también conocida coloquialmente como ‘Luna Verde’, representa más del 70% de la producción departamental de langosta espinosa, pesca blanca y caracol pala, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés y Providencia.

Más adelante, los diputados expresan su desconcierto por lo que consideran una decisión tomada a puertas cerradas y a espaldas del pueblo que habita estas islas, “rompiendo con el sentido pluralista y participativo de la carta política y siguiendo la antigua costumbre centralista colombiana de creer que Bogotá es la única capaz de entender y administrar los temas regionales de un país tan lleno de diversidades”.

Por último, luego de ahondar en razones históricas y jurídicas, advierten sobre el costo de esta cesión territorial y se preguntan ¿Cuál sería el pronunciamiento de la Contraloría General de la República frente a esta decisión y cuales los responsables por el hecho de regalar recursos de la nación a otro país?

A continuación el texto completo de la comunicación

San Andrés, septiembre de 2012
Excelentísima Señora
Doctora, María Ángela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores
Bogotá D.C.

Respetada Ministra

El motivo de la presente carta es para manifestar, de manera muy respetuosa, la inmensa preocupación que nos agobia por la suerte de la población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, frente al fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya realice sobre el litigio por fronteras marítimas que mantienen Colombia y Nicaragua.

A través del informe de gestión del equipo de la defensa colombiana ante la CIJ, presentado en la isla de San Andrés durante el mes de Julio por la señora Canciller, así como por diferentes medios noticiosos del país, los habitantes de las islas hemos conocido que la propuesta sugerida por la defensa colombiana antela CIJ, como solución para el litigio entre los dos países es el de la línea media. Nosotros, los Diputados de la Honorable Asamblea del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en representación del pueblo que nos eligió, rechazamos enfáticamente la propuesta de la línea media como solución a la controversia fronteriza.

La razón principal que nos motiva a tomar esta posición, radica en que dicha propuesta cercena de nuestro Departamento la zona de intersección entre el meridiano 82º y el paralelo 15º, conocida por los pescadores del archipiélago como “la esquina” del banco pesquero de Quitasueño el cual, representa más del 70% de la producción departamental de langosta espinosa, pesca blanca y Caracol pala, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento.

Consideramos que el gobierno Colombiano hubiera podido optar por tener como tesis principal la defensa del meridiano 82º como límite marítimo. Se hubiera podido defender el status quo que existe actualmente ya que, después del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 que separó al Archipiélago de la costa de la Mosquitia, los habitantes del Archipiélago nos hemos adaptado a vivir de manera sostenible con los recursos pesqueros que proveen los bancos pesqueros ubicados al oriente del meridiano 82º.

Colombia cambiaría oasis por desiertos

En lugar de esto, el gobierno Colombiano optó por renunciar a sus derechos legítimos de soberanía sobre esta franja de territorio marítimo rico en recursos pesqueros. La propuesta de la línea media no sólo cede a Nicaragua la parte más productiva del meridiano 82º, sino que también incorpora espacio de mar abierto al sur oeste de la isla de San Andrés, considerado por los biólogos marinos como áreas que representan muy poca o nula capacidad de pesca, debido a las grandes profundidades que ahí se encuentran. En otras palabras, la nueva delimitación marítima que sugiere la defensa colombiana ante la CIJ cede áreas marítimas al norte que se podrían considerar como “oasis”, a cambio de espacios marítimos al sur que se podrían entender como “desiertos”.

Con desconcierto y tristeza vemos también que esta propuesta de la línea media presentada por la defensa colombiana ante la CIJ, fue concebida, discutida y aprobada por el gobierno colombiano sin contar con la participación y opinión en especial de la comunidad étnica raizal del archipiélago, ni la de sus autoridades.

Esto constituye una violación al derecho fundamental de la consulta previa a la que es titular la comunidad étnica raizal, a la luz del Convenio 169 de la OIT y la Sentencia C-175/09 de la Corte Constitucional. En cuanto a la Sentencia de la Corte, su jurisprudencia resalta el “derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la consulta previa de las decisiones legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Y sin lugar a dudas, señora Canciller, la cesión de “la esquina” del banco pesquero de Quitasueño a Nicaragua afectará directamente a la comunidad étnica raizal, no solo en el ejercicio de sus ancestrales actividades pesqueras, sino también en el acceso a una fuente abundante de alimento y a ingresos económicos sostenibles que las familias raizales y residentes de las islas obtienen de la comercialización de los productos pesqueros.

En este sentido, la “solución” de la propuesta de la línea media quizás resuelva el litigio entre Bogotá y Managua, pero crea otro problema mucho más delicado de carácter humanitario al afectar la seguridad alimentaria e ingresos económicos de los isleños. Es por esto que los habitantes del archipiélago, en especial la comunidad étnica raizal, debieron haber sido consultados en el trámite de la formulación, discusión y aprobación de las propuestas de solución al litigio, para que se tuvieran en cuenta los intereses de esta comunidad y la de todos los pobladores del departamento. Es más, con la participación de representantes de la comunidad étnica raizal en la fase de alegatos ante la CIJ, la defensa colombiana hubiera contado con el testimonio de esta comunidad, como la prueba más fehaciente de la soberanía histórica que ha ejercido y ejerce Colombia sobre el territorio marítimo en disputa. Sin embargo, esto no se hizo.

Tampoco es comprensible para nosotros el hecho que el gobierno colombiano no tenga incluido en el equipo jurídico actual ante la CIJ a eruditos del archipiélago, a sabiendas que el Departamento cuenta con profesionales altamente calificados en materia de derecho internacional público y conocedores de la realidad insular. Profesionales que en reiteradas ocasiones han servido al país en misiones diplomáticas y en equipos de trabajo sobre temas de las relaciones exteriores de Colombia. Es desconcertante para nosotros, que el gobierno colombiano optó por tomar la decisión de la propuesta a puertas cerradas y a espaldas del pueblo que habita estas islas, rompiendo con el sentido pluralista y participativo de la carta política y siguiendo la antigua costumbre centralista colombiana de creer que Bogotá es la única capaz de entender y administrar los temas regionales de un país tan lleno de diversidades. Una costumbre centralista cuyo balance hasta la fecha arroja saldos en rojo por hechos como la separación de Panamá, por citar algunos de los tantos casos.

Ante la eventualidad de quela CIJ acepte la propuesta Colombiana, otorgándole “la esquina” a Nicaragua, nos preocupa igualmente que el gobierno nacional intente minimizar el hecho a través de los medios de comunicación, presentando el fallo como un resultado positivo para el país, porque “se preservó la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Esto no sería otra cosa más que una distracción a la opinión pública respecto a lo que verdaderamente sucede, ya que la cuestión de la soberanía sobre las tres islas en mención ya fue resuelta a favor de Colombia desde diciembre de 2007 mediante sentencia proferida por la CIJ. Por tanto, en nuestra opinión, sería un acto de irrespeto a la ciudadanía colombiana cualquier despliegue mediático orientado a insinuarle a la opinión pública que la cesión a Nicaragua de los bancos pesqueros localizados en “la esquina” es un resultado positivo para el país. ¿Será favorable para Colombia la pérdida de un área marítimo de aproximadamente 50.000 km2, el doble del tamaño del departamento de Bolívar, ricos en recursos pesqueros? ¿Cómo podría ser un resultado positivo para el país, si un grupo de conciudadanos quedarían con un territorio más reducido y con menos fuentes sostenibles de alimento e ingresos económicos?

La cesión de “la esquina” a Nicaragua sería uno de los episodios más tristes, traumáticos y decepcionantes de la diplomacia moderna colombiana, ya que reflejaría el hecho de que Colombia no supo o no le interesó defender la integralidad de su territorio arquipelágico en el mar Caribe hoy, declarado por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera-Seaflower.

Un territorio arquipelágico que, al momento de la independencia de la república en 1819, incluía la costa atlántica de Nicaragua conocida como la Veragua o Mosquitia y sus islas y cayos adyacentes, pero que con el tiempo ha venido disminuyéndose por las desacertadas gestiones diplomáticas del estado colombiano en el pasado. Incomprensibles gestiones diplomáticas tales como el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 mediante el cual Colombia regaló la Mosquitia y las islas de Corn Island, Little Island y los Cayos Misquitos a Nicaragua; el tratado Vásquez-Saccio de 1972 a través del cual Bogotá sacrificó la soberanía nacional para compartir con Estados Unidos los recursos pesqueros del banco roncador que eran de exclusividad colombiana; y el tratado Ramírez Ocampo-López Contreras de 1986 mediante el cual el gobierno de turno cedió el inmenso banco pesquero de Rosalinda a Honduras, despojando a los pescadores de las islas de Providencia y Santa Catalina de sus territorios ancestrales de pesca. Aquí cabe mencionar que, al quitarle la franja costera de tierra firme al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Tratado Esguerra-Bárcenas dejó a los habitantes de las islas sin la posibilidad de contar con una amplia y fértil costa adyacente donde abastecerse de productos agropecuarios, confinándolos en tres minúsculas islas con espacios muy limitados para la agricultura y la ganadería, y con bancos pesqueros como única fuente sostenible de alimento. Bancos pesqueros que estamos próximos a ver disminuidos por las decisiones del gobierno colombiano de ceder “la esquina” como solución para dirimir el diferendo limítrofe con Nicaragua.

Ante la eventualidad de la CIJ de aceptar la propuesta colombiana de cederle a Nicaragua “la esquina” del banco pesquero de Quitasueño, nos preguntamos si no se estaría incurriendo en un detrimento del patrimonio público, toda vez que Colombia dejaría de percibir los ingresos que recibe actualmente por el cobro de permisos de pesca a embarcaciones nacionales y extranjeras para faenar en el área en mención. ¿Cuál sería el pronunciamiento de la Contraloría General de la República ante esto? ¿Existirían responsables por el hecho de regalar recursos de la nación a otro país? ¿Será que el Estado Colombiano indemnizará al Departamento Archipiélago por la pérdida de una de sus principales fuentes de ingresos económicos? O quizás, como suele suceder, terminaremos abandonados a nuestra suerte, con menos recursos para sobrevivir, sin atención por parte del Estado y sofocados por políticas insensibles del gobierno central, como la decisión de quitar el subsidio de la luz a los habitantes del archipiélago.

Por todo lo anteriormente expuesto, señora Canciller de la República, muy respetuosamente reiteramos de manera contundente nuestro rechazo a que Colombia ceda a Nicaragua mar jurisdiccional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No aceptamos perder ni un centímetro cuadrado de nuestros mares y mucho menos áreas que representan territorios ancestrales de pesca de la comunidad del Pueblo étnico Raizal y fuentes de alimento e ingresos económicos para todos los habitantes del Departamento.

No siendo más el motivo de la presente, nos despedimos manifestando nuestros sinceros agradecimientos por la atención prestada y nuestros más altos sentimientos de admiración y respeto.

De Usted atentamente,

Arlington Howard Herrera
Presidente-Asamblea Departamental

Frank Escalona Rendon
Vice-Presidente

Julio Cesar Gallardo Martínez
2do Vice-Presidente

Margith Bandera Espitia
Diputada

JimReevesPomare
Diputado

Orly Rozo Lozano
Diputado

María Said Darwich
Diputada

Jorge Méndez Hernández
Diputado

Steve Jessie Martínez
Diputado

Freddy Herrazo Ricardo
Diputado

Oscar Bowie Stephens
Diputado

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