En solo dos contratos de alquiler de inmuebles, la Judicatura pagaría más de 7.000 millones de pesos anuales. Asonal critica que no se compren edificios propios.
Este canon de arrendamiento para 10 pisos del Complejo Comercial Avenida Chile, no contempla los gastos de adecuaciones de las salas de audiencias, por el que hubo un contrato de tres meses por $560 millones de pesos.
De igual forma, dentro de la contratación firmada el pasado mes de diciembre la Judicatura suscribió un contrato de arrendamiento por 35 meses que costó $6.943 millones de pesos en dos edificios auxiliares al Palacio de Justicia para el funcionamiento de juzgados y salas especiales de las altas cortes.
Según el director Ejecutivo de la Administración Judicial, José Mauricio Cuestas, este tipo de gastos se hacen necesarios por la cantidad de espacios que necesita la Rama Judicial.
Otra de las justificaciones para desarrollar estos gastos es que se está a la espera de que se materialice un proyecto que agrupe a todo el complejo judicial en un solo sitio con estructuras propias en Bogotá.
“Dotar totalmente a la rama judicial de infraestructura propia requiere de muchos recursos y porque a futuro se viene pensando en el caso de Bogotá el poder construir la ciudadela judicial”, aseguró el funcionario.
Esta situación ha sido cuestionada desde el interior de la rama judicial, al advertir que existen mecanismos para que la justicia tenga sus propias estructuras para su funcionamiento de forma independiente.
“Esto es total improvisación, se acude a contratos directos sin la posibilidad de una licitación donde sean varios los oferentes y que nunca se acuden a la figura del leasing que son los arriendos con la posibilidad de compra”, aseguró Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial.
Frente al traslado de los nuevos magistrados de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, se pudo establecer que iniciarán sus labores desde febrero en el Complejo Comercial Avenida Chile.
Este traslado contempla, cientos de miles de archivos de todos los procesos contra aforados, que, en algunos casos, ocupan espacios de grandes proporciones por la cantidad de pruebas recaudadas en procesos que llevan años en ese alto tribunal.