Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció este miércoles que aunque la sobretasa al sector financiero avalada en el articulado no tiene el aval del Gobierno, «la primera reacción es cumplir la ley».
«Aunque la sobretasa no tenía el aval del Gobierno, tenemos que aceptar el veredicto de la democracia, examinaremos las opciones, pero la primera reacción es cumplir la ley», y agregó, con un ejemplo, que el recaudo que se espera con este punto, «si las utilidades del sector financiero son de $12 billones, la sobretasa sería de $480 mil millones»
En medio de una rueda de prensa, en la que el jefe de la cartera económica lució inusualmente sonriente y deseando el «feliz año» a todos los periodistas, el funcionario confirmó que la expectativa de recaudo de la iniciativa sigue siendo de $7,1 billones.
Empieza desde enero
«La Ley de Financiamiento es una realidad, empieza a regir a partir de enero de 2019. El proyecto tenía unos componentes que no fueron aceptados en el Congreso, pero lo aprobado nos gusta mucho», fueron las palabras de introducción de Carrasquilla.
Acto seguido indicó que la columna vertebral del proyecto es la reducción de la tasa efectiva de renta y la apuesta a favor del crecimiento económico a través del emprendimiento.
Enfatiza la ley, dijo, en renta de personas naturales «la capacidad de pago de la población con mayores ingresos» y le apuesta a la legalidad, fortalece a la Dian, con mecanismos de sanción fortalecidos para la evasión.
Debido a que en el Presupuesto hay una desfinanciación de $14 billones, y esta ley recaudaría solo $7, señaló el ministro que «hay que adecuar la dinámica del gasto del Gobierno de manera continua, vendrán recortes para el año entrante, cuya arquitectura estamos construyendo».
Reducción de renta a empresas
Carrasquilla explicó además la reducción de la tasa efectiva de renta para una empresa mediana: «hoy, para una empresa mediana, que por decir factura $14 mil millones anuales, con 100 trabajadores, ese cobro es del 70%, eso lo ha calculado el Banco Mundial, la Andi, y ese es un número que desde nuestro punto de vista castiga el crecimiento de mediano plazo, ese es un problema grave que tiene el país, esa tasa bajó de 4,5 a 3,5 en cuatro años».
Por eso, explicó el titular de Hacienda, en este proyecto de ley «se reduce ese impuesto de renta a esa empresa en 25 puntos, se recuperan así 0,4 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento en el primer año y eso se va aumentando a un 0,8 en el mediano y largo plazo».
$1,2 billones de recorte en 2019
Señaló el ministro que la obligación del Gobierno todos los años es el estricto cumplimiento de la regla fiscal: «A los estimativos sobre el recaudo se suman los recortes de gasto y modernización de la Dian, y en 2019 no vamos a ver grandes efectos, en 2019 no esperamos más de $1,2 billones de recorte».
Lo adicional, precisó, es un estudio de «lo que podemos hacer administrativamente, y ese $1,2 lo podemos subir a $5 billones tratando de minimizar los impactos a programas sociales».
«Para mejores servicios toca pagar»
El jefe de la cartera de crédito público se refirió a los reclamos que hacen los estudiantes en torno a la educación pública y los ciudadanos sobre la mejora de los servicios públicos.
«Para tener mejores servicios públicos y mejor educación toca pagar. Los países con IVA tienen una base gravable más amplia y muchas más personas naturales declaran y pagan renta, pero pagar no está en nuestro ADN todavía, irá entrando en nuestro ADN e iremos como país mejorando nuestros servicios y educación», advirtió.
Y añadió que dentro de 20 años la estructura tributaria en Colombia «se va a parecer mucho más a los países avanzados, y eso es lo que llaman la reforma tributaria estructural».
«Subsidios llegan a quienes no los necesitan»
Dijo el ministro a la prensa que el país tiene una política de subsidios que es para países que no tienen los niveles de ingreso de Colombia.
«Colombia es un país donde el 25% está en condiciones de pobreza, y el régimen subsidiado de salud abarca al 50% de la población. Eso ejerce una presión fiscal que es necesaria revisar», criticó.
Indicó en este sentido que en subsidios a consumo de bienes públicos, este es un país donde el 80% de la población recibe alguna forma de subsidio: «Eso es válido cuando el país es más pobre, y Colombia aún es pobre y tiene población vulnerable, pero esos mismos programas nos muestran que pueden estar llegando a poblaciones que no necesitan todos esos subsidios».
Impuestos verdes
Frente a los denominados impuestos verdes que la oposición pedía que se incluyeran en el articulado y que fueron desechados por el Ejecutivo, el ministro usó el calificativo de «apresurados».
«No hubo tiempo para analizar el impuesto a las botellas plásticas, hay que discutir esos impuestos verdes, pero eran un punto demasiado aislado, eso se tiene que ver en conjunto con la política tributaria, y me parecieron demasiado apresurados», dijo.
Presión fiscal de la migración
Advirtió Carrasquilla que en el país, actualmente, «tenemos un millón de personas provenientes de Venezuela, y eso tiene una dimensión humanitaria, pero también una presión fiscal, presiona nuestros gastos de salud y educativos».
Y tasó ese número en billones de pesos: «Ese choque puede representar billones de pesos, estamos pensando las implicaciones macroeconómicas, entonces por ejemplo se analiza si se debe reducir el gasto en carreteras para atender la migración venezolana».
Finalmente, reiteró que no está pensando en renunciar: «Estoy muy entusiasmado con diseñar un programa de reducción de gasto y con el inicio de discusiones sobre el Plan de Desarrollo».