La exfuncionaria es investigada por su presunta violación de la restricción que tenía de no prestar, en el término de dos años, servicios de representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo como ministra de Ambiente.
En este caso, el ente de control investiga la presunta violación de la restricción que tenía la exfuncionaria de no prestar, en el término de dos años, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo como ministra de Ambiente y directora de la autoridad nacional, prohibición contenida en el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
En ese sentido, la Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de determinar la existencia de posibles faltas disciplinarias, verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio que se pudo causar a la administración pública.