El Tribunal Superior de Bogotá declaró la ilegalidad del paro que han adelantado los jueces civiles de la capital del país desde el pasado 31 de octubre al considerar que con estas actividades se ha afectado el acceso a la justicia.
El alto tribunal tomó la decisión tras aceptar el argumento del Consejo Superior de la Judicatura que asegura que la administración de justicia es un servicio público esencial que cuando es suspendido afecta a todos los ciudadanos.
Según la decisión, “ningún juez puede desconocer esa realidad normativa ni tampoco está facultado para desatender dicha calificación legal sobre que la administración de justicia es un servicio público esencial”.
No obstante, la decisión fue rechazada por los integrantes del sindicato y por ello será la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia la que determine en última instancia la ilegalidad o no de este cese de actividades.
De igual forma, se advierte que cuando se tome una decisión también se conocerá si habrá o no acciones administrativas en contra de más de 1.200 funcionarios judiciales que han participado de este paro.
Este paro fue convocado por el sindicato El Vocero Judicial, que mantiene suspendido el servicio en al menos 6 edificaciones de Bogotá, en los que están ubicados los juzgados civiles municipales.