Caso de Envigado es cortina de humo del fiscal por Odebrecht: abogado del alcalde

En medio de la audiencia que se lleva a cabo en contra del alcalde de Envigado y varios de sus funcionarios por delitos relacionados con corrupción, el defensor del alcalde Raúl Cardona, Iván Gómez Osorio, señaló que la “finalidad del Fiscal General es, a través de los medios y con estos hechos, desviar la investigación que tiene por el tema Odebrecht”.

Osorio respondió así a una de las preguntas que le hicieron en el receso de la audiencia, que se lleva cabo desde la tarde de este lunes. Ante la medida que dictó el juez en contra del alcalde Cardona, que si bien no es privativa de la libertad sí restringe su acceso a la alcaldía y su contacto con funcionarios, el abogado anunció los recursos de reposición y apelación.

Según Osorio, se quiere hacer ver al alcalde Cardona como coautor de un delito (la concusión), lo cual, según él, es un absurdo jurídico. “El alcalde no ha participado de manera directa, ni indirecta, en ese delito ni en ningún otro. Y así lo vamos a demostrar en el proceso”, señaló

Respecto a lo que dijo el juez en medio de la audiencia, donde aseguró que existen testimonios que dan cuenta de que los ciudadanos pusieron en conocimiento del alcalde los cobros irregulares que hacía el exconcejal Johnson Galeano, a quién se le dictó casa por cárcel, por puestos en la alcaldía, en la Universidad de Envigado y Enviaseo, y que aunque el mandatario tenía como función proteger a la comunidad y administrar recursos, no hizo nada, el defensor indicó que dichos delitos ya habían sido objeto de varias denuncias y ya estaban siendo investigados, por lo que Cardona para qué “iba a denunciar algo que ya habían denunciado”.

En la audiencia de hoy se les dictó detención domiciliaria a la secretaria de Hacienda del municipio de Envigado, Girlesa Mesa Medina, y al contralor, José Conrado Restrepo, por los delitos de cohecho propio y falsedad en documento privado. Luz Marcela Quintero Restrepo y Camilo Andrés Correa Berruecos, implicados en una venta irregular de un lote a la Alcaldía de Envigado, fueron dejados en libertad con restricciones y obligados a interrumpir cualquier comunicación con funcionarios públicos.

Caso tabletas

Respecto a la investigación de la donación de varias tabletas del programa Computadores para Educar, por unos $100 millones, presuntamente a cambio de asignar el contrato para su mantenimiento —por más de $300 millones— a una empresa de Pereira, el juez decidió dejar en libertad al secretario de Educación de Envigado, Diego Fernando Echavarría, y Reynel Bedoya Rodríguez, representante legal del Programa Computadores para Educar.

El juez aseguró que no se acreditó el interés indebido en la celebración de contratos ni la falta de requisitos para su celebración. “Yo no quedaría tranquilo porque hay muchas explicaciones que dar”, agregó el juez que durante la sustentación de su decisión dijo que el caso tenía olor a delito, pero que la Fiscalía se apresuró.

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