La Fiscalía General de la Nación informó que este lunes de 3 diciembre se realizará una audiencia de imputación de cargos contra tres exdirectivos de la empresa de servicios públicos Surtigas S.A.
Esta compañía distribuye gas natural y otros productos asociados en los departamentos de Bolívar, Sucre Córdoba, Antioquia y Magdalena.
Los citados a esta diligencia son Magín José Ortega Pareja, quien se desempeñó como Gerente General de la empresa; Ciro Said Lázaro Finamore, exgerente Administrativo y Financiero, y Luis Carlos Tangarife Kalil, exdirector de Ingeniería y Construcción.
Por este proceso un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
De acuerdo con información de las investigaciones, el proceso que inicia contra estos tres exdirectivos de Surtigas, parte de una denuncia por presuntos actos de corrupción que se registraron entre 2013 y 2016.
Por esta razón se adelantó un trabajo minucioso en el que se analizaron los procesos de contratación en la empresa y se detectaron siete contratos que, por su valor económico y magnitud de las obras, arrojaron un alto nivel de riesgo administrativo.
Entre las irregularidades encontradas se destaca la violación a los topes máximos para la suscripción de contratos. Allí, señala la Fiscalía que el monto de contratación no podía superar los 800 salarios mínimos legales vigentes y para esa época, representaba aproximadamente 600 millones de pesos.
En ese aspecto, señala la Fiscalía que «en caso de superarse ese valor, debía solicitarse una autorización ante la junta directiva», algo que según los reportes encontrados no ocurrió en varios casos.
Otras de las irregularidades detectadas son la violación de la Política de Aprobación de Transacciones (PAT); omisión y verificación de las necesidades de la empresa antes de proceder a su contratación, y violación al manual de pago de obra a contratistas, porque en varios casos no hubo interventores.
Así mismo, fueron mencionados dentro de las irregularidades el pago de obras sin que se hubieran finalizado al igual que la duplicidad en la contratación. Al respecto, destaca la investigación que la empresa «contrató dos veces el mismo objeto y por esa razón se realizó doble pago».
A la lista se adiciona que se detectaron revisiones de contratos con posterioridad al inicio de los mismos, es decir, que las actas encontradas señalaban que los contratos se suscribían y eran revisados después.
También evidenció la Fiscalía ausencia de reportes de interventoría, falta de soportes para el pago de contratistas y que en algunos casos no existían comprobantes sobre la ejecución de las obras para gestionar los respectivos pagos.
Finaliza el organismo manifestando que las inconsistencias detectadas pasan por alto varias disposiciones, no solo de carácter penal, sino mercantil y comercial.