CTI prevé que Ramsés Vargas se entregue en Bogotá

El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, plantearía entregarse en Bogotá y no en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, en el Centro de Barranquilla.

Así se conoció después de dos días que llevan miembros del CTI en la búsqueda del exrector, en diligencias que se han extendido hasta Cartagena y sus islas cercanas.

La versión de la entrega de Vargas Lamadrid en la capital del país surgió ayer en medio de las apelaciones de los abogados representantes de los nueve extrabajadores de la universidad capturados por la Fiscalía.

El miércoles anterior, al menos 30 funcionarios del CTI, apoyados por miembros de la Segunda Brigada del Ejército, estuvieron en el edificio Gaia de la calle 82 con carrera 58 para darle captura a Vargas Lamadrid, vinculado a la investigación del ente por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, los uniformados no lo ubicaron en el sitio.

El jueves, la autoridad llegó hasta el edificio Ibiza de Cartagena, otra de las viviendas de Vargas Lamadrid, y allí encontró a tres hijos, a una empleada del servicio y a un escolta. Después, la búsqueda se extendió a islas cercanas a Cartagena, pero no hubo resultados.

La investigación contra Ramsés Vargas y los nueve capturados inició hace  unos meses atrás con las denuncias de los estudiantes  de la universidad. Todas estas personas son señaladas de los delitos concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.

Apelaciones

A las 10:00 de la mañana de ayer fueron retomadas las audiencias preliminares contra los nueve capturados por el presunto caso de corrupción dentro de la Universidad Autónoma del Caribe.

En esta oportunidad, la Fiscalía planeó imputar cargos por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa, contra los capturados.

Sin embargo, el togado encargado de impartir justicia en la diligencia se dedicó a escuchar a los abogados de cada uno de los detenidos que buscaron desvirtuar a través de apelaciones los procedimientos adelantados por la Fiscalía como los allanamientos y capturas del miércoles anterior.

Al final de la tarde, la juez del caso señaló que el Tribunal Superior de Barranquilla era el estamento que debía decidir sobre las apelaciones de los abogados. Entretanto, programó para el próximo miércoles 28 de noviembre la continuación de las audiencias preliminares.

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