Gobierno responde a exfuncionarios de Santos, sobre ley de financiamiento

BOGOTA, 22 de noviembre_ RAM_ El Gobierno señaló que el aumento de los gastos en 14 billones -que exigen sacar adelante la ley de financiamiento- no fueron una decisión deliberada, como lo dicen exfuncionarios del gobierno Santos, sino la manera de proteger la cobertura en salud, Familias en Acción, apoyo en electricidad a 11 millones de hogares, entre otros compromisos que vienen del pasado.

“Lo político, financiero y moralmente conveniente es pagar las cuentas”, dice una respuesta del Ministerio de Hacienda a un escrito del equipo económico del gobierno de Juan Manuel Santos en el que se dijo que el aumento del gasto en 14 billones de pesos no obedecía a un hueco dejado por esa administración sino a una decisión política deliberada del nuevo gobierno.

Frente a los puntos planteados por los exfuncionarios del gobierno Santos, la actual administración presentó un escrito con sus respuestas y, entre otras cosas, señalan que la ‘mermelada’ que insinúan los exfuncionarios del gobierno Santos son 2,1 billones de pesos para cumplir los acuerdos de La Habana.

Respuesta a columna del equipo económico del gobierno anterior

En una columna reciente, el equipo económico del gobierno anterior ha hecho los siguientes planteamientos:

No hay un déficit de 14 billones.

Hay mermelada

Se echó para atrás la reducción del gasto por conveniencia política

Se incrementaron excesivamente los gastos de funcionamiento e inversión y se incluyeron nuevas partidas

Los mayores recursos de renta petrolera reducen el faltante presupuestal

Los recursos no aprobados del Sistema General de Regalías pueden ser usados fácilmente para financiar los gastos del Gobierno Nacional Central.

A continuación, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

  1. El gobierno no tomó deliberadamente la decisión de incrementar el presupuesto en $14 billones.
  • Entre 2010 y 2017, 2,7 millones de personas salieron de la pobreza extrema y 4,7 millones salieron de la situación de pobreza monetaria. A pesar de este logro, los retos en materia social aún persisten: el 7,4% de la población todavía vive en condiciones de pobreza extrema, y más de un cuarto en situación de pobreza monetaria. Por esta razón, una de las prioridades del gobierno es crear un programa para la refocalización de subsidios que acabe de tajo con su regresividad.
  • Las coberturas de los principales programas sociales se mantienen para 2019.
  1. No se están generando nuevas necesidades de gasto, se están atendiendo compromisos de vigencias anteriores que fueron aumentando. Algunos ejemplos. Se estima que, para final de 2018, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) arrastre un déficit por recobros cercano a los $2 billones. $1 billón adicional corresponde al reajuste de la UPC. El pasivo por sentencias y conciliaciones en contra de la Nación ha acelerado su crecimiento en los últimos años, llegando en 2017 a $7,6 billones, explicado por menores pagos provenientes del Presupuesto General de la Nación y tasas de interés cercanas a usura (que rondan el 30%) para gran parte de la deuda. Atender los rezagos generados por estos conceptos, disminuye los recursos disponibles para financiar gasto de inversión social.
  2. No se están incluyendo nuevos gastos.

La anterior administración, en cumplimiento de las metas fiscales y aunado al choque petrolero de 2014, se vio obligada a bajar la inversión del Gobierno Nacional Central a niveles no observados en más de diez años, 1,7% del PIB en 2018.

  • Los menores niveles de inversión son en gran parte una consecuencia del elevado grado de inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación (85% según Moody’s). Dicha inflexibilidad se encuentra concentrada en los gastos de funcionamiento, por lo que, entre 2014 y 2018 la mayoría de los recortes presupuestales se realizó en el rubro de inversión. Lo anterior demuestra las dificultades para disminuir los gastos de funcionamiento, aún con los espacios adicionales generados por la Regla Fiscal.
  • Gran parte del gasto de funcionamiento no solo es muy inflexible, sino que también evoluciona por encima de la tasa de crecimiento nominal de la economía (6% estimado para 2018). Por ejemplo, las transferencias constitucionales a los territorios (SGP), que representa cerca del 20% del gasto –sin deuda- crece a una tasa del 12,3%, por mandato constitucional. Adicionalmente, el aseguramiento en salud que representa el 10% del gasto –sin deuda- crece 40%.
  • Al mismo tiempo, el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo una reducción del déficit fiscal de 0,7% del PIB entre 2018 y 2019. En esa medida, con el propósito de atender estas necesidades de gasto en el marco del cumplimiento de la Regla Fiscal, la ley de financiamiento tiene como objetivo la obtención de $14 billones para asegurar los niveles de gasto social consistentes con las necesidades de la población colombiana.
  1. No hay nuevas partidas que se incluyen en el presupuesto de 2019.
  • Los recursos presupuestados al sector Hacienda se destinarán, principalmente, a la implementación de los acuerdos de La Habana. Nunca mermelada.
  • No hay una nueva partida para infraestructura educativa. Dentro de la exposición de motivos de la Ley de Financiamiento se explica que los recursos para infraestructura educativa son $275 mm, y corresponden a la implementación de programas que ya venían en curso (ej: Jornada Única Escolar).
  • El Sistema General de Regalías tiene problemas estructurales en materia de formulación y ejecución de los proyectos, lo cual contrasta con la demanda por vías dado el rezago en materia de infraestructura en el país. Adicionalmente, parte de estos recursos están dirigidos a programas establecidos previamente (Túnel de La Línea y Renovación y Reposición del Parque Automotor de Carga), y otra parte está dirigida al mantenimiento de la red nacional no concesionada, lo cual no puede ser financiado con recursos de Regalías.
  • Los programas de inversión en el sector vivienda del gobierno anterior representaron $1,8 billones. Para 2019, este gasto se mantiene, incluyendo $346 mm para nuevos programas de los $565 mm mencionados. Los demás recursos están destinados a atender necesidades de agua potable y saneamiento básico, principalmente en La Guajira y Buenaventura.
  • Los $550 mm otorgados al sector defensa están destinados a mantener el funcionamiento regular de las fuerzas militares.
  • Mantener el PAE en 2019 con la misma cobertura de 2018 cuesta $1,1 billones. El proyecto de presupuesto inicial financiaba la mitad del costo del programa.
  • El valor promedio histórico de crecimiento de la UPC anual es de cerca del 8%. Por lo tanto, el gobierno anterior asignó recursos por debajo del promedio histórico, lo que hubiera seguido aumentando el déficit del Sistema de Seguridad Social en Salud.
  1. Los mayores recursos del sector petrolero no necesariamente alivian las presiones de gasto en 2019
  • Si bien el gobierno estimó un precio promedio del petróleo de referencia Brent para 2018 de 67 USD/barril, el precio observado en lo corrido del año se ubica en USD 73/barril. Aunque esto se traducirá en mayor pago de impuesto de renta de las empresas petroleras y dividendos de Ecopetrol en 2019 por cerca de 0,3% del PIB, también generará una reducción del déficit permitido por un ajuste en el ciclo petrolero de la Regla Fiscal de una magnitud similar.

 

  1. La reforma constitucional del Sistema General de Regalías (SGR) es una de las prioridades de este Gobierno para mejorar la ejecución de los recursos; no obstante, el trámite de la misma requiere de diversas discusiones previas que permitan presentar al Congreso de la República un proyecto viable técnica y socialmente, que corrija los fallos de la última reforma. Cabe señalar que una reforma constitucional requiere de la aprobación en 8 debates, lo cual, en el mejor de los casos, podría tener efectos en el 2020, de ser aprobada en el segundo semestre de 2019.

 

  • El gobierno nunca propuso al Congreso el aumento del presupuesto para 2019 en $25 billones. Estos recursos recogían todas las demandas sectoriales, pero, en un ejercicio de priorización, esta cifra se redujo a $14 billones para atender las necesidades mínimas requeridas, siempre bajo el estricto cumplimiento de la Regla Fiscal.

 

  1. ¿Qué implicaría hacer una reducción del gasto de 0,5% del PIB en 2019 propuesto por el Gobierno Santos?

 

  • No poder cubrir los subsidios de energía y gas que benefician a 11 y 5 millones de usuarios, respectivamente. En el proyecto inicial presentado se contemplaba un desmonte total de los subsidios para el estrato 3, y de 10% para los estratos 1 y 2.

 

  • Atender solo 4 meses del año del Programa Familias en Acción durante 2019, cuyos beneficiarios corresponden a 2,4 millones de familias. Lo anterior, debido a que se debe atender, con el presupuesto de 2019, 4 meses de déficit del presupuesto de 2018 de este programa.

 

Síntesis:

 

  • Lo político, financiero y moralmente conveniente es pagar las cuentas.

 

  • La razón por la que se hace inminente generar recursos por $14 billones para 2019:

 

  • Compromisos previos adquiridos en los últimos años

 

  • Mantener las coberturas actuales de los programas sociales

 

  • El cumplimiento de la Regla Fiscal exige que los mayores ingresos petroleros se traduzcan en un menor déficit permitido para 2019

 

  • La Ley de Financiamiento no solo busca aumentar el recaudo para 2019 sino aumentar la equidad, competitividad y el crecimiento de largo plazo, disminuyendo la carga impositiva de las empresas, simplificando el sistema tributario, aumentando la formalización y disminuyendo la evasión.
  • Los ajustes que se llevaron a cabo en el presupuesto junto con la Ley de Financiamiento han recibido un respaldo unánime por parte de los principales organismos internacionales, las calificadoras de riesgo y los mercados financieros.

 

Compartir: