Los congresistas Iván Cepeda, del Polo y Ángela Robledo, de Colombia Humana, pidieron este miércoles retirar un artículo del proyecto de ley de orden público, ya que, según los legisladores, condiciona el desarrollo de diálogos de paz entre el Gobierno y los grupos insurgentes.
Se trata del artículo 4 del proyecto de ley 180 que introduce modificaciones a la Ley 418 de 1997, que se debate desde el martes pasado en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pues la iniciativa tiene mensaje de urgencia del Ejecutivo.
Cepeda dijo que este nuevo artículo restringe las posibilidades reales para adelantar procesos de negociación y genera unos condicionamientos que, hacen ver, que es imposible adelantar la negociación con el ELN y frustaría en el futuro cualquier negociación de paz.
“Nos llama la atención que el presidente Duque diga ante la comunidad internacional que se está adelantando una política para implementar los acuerdos y en el Congreso, lo que hacen, es atacar de una manera sistemática los fundamentos del acuerdo de paz”, dijo Cepeda.
De otra parte, los congresistas solicitaron se eliminen las modificaciones mediante las cuales se dota al Consejo de Seguridad Nacional de atribuciones para declarar zonas estratégicas de intervención integral a regiones afectadas por la criminalidad y se le atribuye la facultad para determinar cuándo se califica a una organización como grupo armado organizado al margen de la ley y cuándo cumple las características de los grupos delictivos transnacionales, -condición que establece el proyecto de ley-, lo que será requisito para que el Gobierno pueda decidir si adelanta diálogos con estos grupos.
Al proyecto se le radicaron 48 proposiciones, por lo que fue aplazado el debate para el jueves. Y el martes pasado no se pudo dar la discusión por la falta de cuórum, fundamentalmente, de los ponentes y del Gobierno.
La vigencia de la ley ha sido extendida en varias oportunidades y la última vence el próximo 18 de diciembre. De ahí la urgencia de prolongar la legalidad de la norma.
El Ejecutivo recuerda en la presentación de esta iniciativa que las normas contenidas constituyen la normatividad vigente en el ordenamiento jurídico colombiano que consagra las facultades al Gobierno Nacional, con el objetivo primordial de garantizar la existencia de un procedimiento y marco regulatorio para las negociaciones con grupos armados al margen de la ley.
Esta disposición define, entre otros aspectos, los criterios mínimos para establecer los mecanismos de procesos para la dejación de las armas tales como la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, el indulto, la protección de testigos y personas amenazadas, entre otros, lo mismo que el marco de juridicidad para su desarrollo legal, así como medidas de impacto y mitigación de la población civil víctimas del conflicto o afectadas por el desarrollo de éste, directa o indirectamente.
Los ponentes son el senador Germán Varón, de Cambio Radical y el representante Álvaro Prada, del Centro Democrático.