El viceprocurador General, Juan Carlos Cortés, advirtió sobre un informe que señala un incremento de los gastos del Estado para la atención en salud a ciudadanos venezolanos que están en Colombia y que podría afectar la red de salud pública del país.
De acuerdo con Cortés, la preocupación se centra en que el dinero que el Estado debe entregar por estos servicios ya asciende a los 90.000 millones de pesos.
“Lo que estamos haciendo es identificar esas cuentas, alertar que no crezcan y sobretodo llamar la atención del Gobiernopara que se encuentren posibles soluciones contra esta problemática”, señaló el viceprocurador.
El informe preliminar se desprende de un barrido que realizó el Ministerio Público en las EPS y hospitales de al menos ocho departamentos en los que se atienden a los ciudadanos del vecino país sin estar asegurados.
Dentro de los planteamientos que expuso la Procuraduría para mitigar esta situación está que el Estado pueda utilizar los recursos de cooperación internacional.
“Para que se cree una subcuenta que permita pagar la atención de urgencias, de maternas, de niños, que están más allá del aseguramiento pero que causan congestión y presión al sistema de salud”, agregó Cortés.
El informe será entregado al Ministerio de Salud para que tome las acciones que le correspondan en materia de atención de los migrantes venezolanos que están en nuestro país.