Persiste enfrentamiento entre Concejo y Distrito por publicidad en Bogotá

BOGOTA, 30 de Agosto_ RAM_...  La reglamentación del espacio público para la publicidad exterior visual en Bogotá sigue generando enfrentamientos entre el Concejo y la Administración Distrital, pues mientras el Cabildo insiste que esa regulación es clave para la ciudad la Secretaría de Ambiente dice que los proyectos de acuerdo presentados por esa corporación afectarían las finanzas del Distrito.

El presidente del Concejo de Bogotá, Darío Fernando Cepeda, le respondió a la secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, por los cuestionamientos a las iniciativas que buscan regular la publicidad exterior. Le dijo que si se dejan de recibir 15.000 millones de pesos cada año por la tasa de registro, es por la ineficiencia de la propia Secretaría, que tarda hasta dos años para autorizar un registro, “y es durante este tiempo que deja de percibirse esta suma de dinero”.

Ese pronunciamiento del presidente del Cabildo se debe a que Muhamad aseguró que si se quita la potestad de regular los registros de estos elementos a la Secretaría de Ambiente podría dejar de recaudar $15 mil millones por los registros, que en tres años sumarían $45 mil millones.

“Hay una demora por parte de la Secretaría de Ambiente en otorgar los registros, lo cual está causando que la ciudad deje de recibir el impuesto de publicidad exterior establecido en cinco salarios mínimos mensuales por cada valla. Si se parte de la base donde aproximadamente 400 vallas están sin registro, Bogotá estaría dejando de recaudar más de mil millones de pesos anuales, dinero que no es para compensar honorarios profesionales como las tasas, sino para financiar las inversiones sociales de la ciudad. Esto si es considerado un detrimento al patrimonio de la ciudad”, señaló el concejal Cepeda.

Agregó que otro punto para tener en cuenta es el valor que paga el usuario equivalente a los honorarios, viáticos y gastos de viaje en que incurren los profesionales (abogado e ingeniero) encargados de realizar los estudios y análisis para la instalación y seguimiento de las vallas.

“Para evitar los abusos en la fijación de éstas, la ley fijó una tabla de honorarios a partir de la cual en 2008 la Secretaría de Ambiente estableció la suma de $50.000 pesos como tasa de evaluación y seguimiento, pero en 2009 la subió a 3 salarios mínimos mensuales y en 2011 la aumento nuevamente a 6 salarios mínimos mensuales, es decir, en tres años pasó de $50.000 pesos a más de tres millones de pesos sin justificación técnica o jurídica alguna”, concluyó el presidente del Cabildo.

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