El juez 27 de Bogotá con funciones de garantías dicto medida de aseguramiento y envió a la cárcel La Picota a los cuatro sindicados de participar en el atentado contra el exministro Fernando Londoño.
Según el juez, los delitos imputados son muy graves y afectan a la sociedad.
«Hay inferencia de hechos muy graves que ponen en riesgo a la comunidad», dijo el funcionario judicial.
Agregó el juez del caso que existe una alta probabilidad de que los capturados participaran en los delitos imputados y en otros hechos de gravedad similar.
«Si se dejaran en libertad podrían continuar con su actividad delincuencial», indicó el funcionario judicial.
Las cuatro personas capturadas por presuntamente participar del atentado terrorista contra el exministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, el pasado 15 de mayo, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
Por los hechos, en el que también 51 personas resultaron heridas y dos de los escoltas de Londoño murieron, el fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo les imputó a Nelson Aguirre, ‘Chapu’; Ulises Castellanos Beltrán, ‘Apu’; y César Ruiz, ‘Bigotes’, los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado, terrorismo y utilización de menores de edad para comisión delictivas.
A Castellanos Beltrán le fue endilgada además la conducta punible de tenencia, tráfico o porte de armas de uso personal, por unas municiones que le encontraron en su lugar de residencia.
Mientras que Fernando Collazos, alias Fifi, quien de acuerdo a la Fiscalía no participó del atentado, pero sí hace parte de la organización delincuencial de Cali, fue señalado por incurrir presuntamente en el delito de concierto para delinquir.
En la diligencia no estuvo presente alias ‘Piloto’ por ser menor de edad, quien es procesado en el Centro de Servicio Adolescentes de Bogotá a puerta cerrada.
Oswaldo Ruiz, uno ne los abogados defensores de los presuntos responsables del atentado contra Londoño, calificó los delitos de alta gravedad, por lo que de ser hallados culpables podrían pagar hasta 60 años de cárcel.
«Son conductas supremamente graves, porque hay que tener en cuenta que el exministro era persona que estaba protegida y la pena mínima parte de 34 años, duplicando la pena por el concurso que podría dar unos 60 años de prisión, que es lo máximo que tiene el código penal», aseguró Ruíz.
Según el jurista, la gravedad de las conductas y de los hechos no da pie a que los procesados logren algún tipo de beneficio judicial.
«El procedimiento es que puede aceptar los cargos ahoritica, como también puede negociar con la Fiscalía, pero hay unos delitos los cuales no admiten ninguna negociación, como lo son los delitos de terrorismo, por lo que se van es a un juicio oral», indicó el abogado.