BOGOTA, 28 de Agosto_ RAM_... La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el cambio de radicación del proceso que se adelanta en contra de cuatro miembros de la familia Dávila Abondano y tres trabajadores por el llamada escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
La solicitud fue presentada el pasado 13 de julio por la defensa de los empresarios samarios, argumentando que las solicitudes para obtener dichos recursos agrícolas se hicieron para sus fincas ubicadas en el departamento de Magdalena y no en Bogotá, por lo que por jurisdicción el proceso no puede seguir siendo adelantado por un juez de la República.
En este sentido argumentaron que los documentos presentados ante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) eran para conseguir recursos para fomentar actividades de riego y drenaje para sus fincas Las Mercedes y Cimarronas ubicadas en Santa Marta.
“La sede del IICA, entidad que firmó el convenio con el Ministerio de Agricultura por el que se entregaron los subsidios, se encuentra en Bogotá y fue aquí en donde se estudiaron, analizaron y aprobaron los proyectos (…) el hecho de que las familias estuvieran en diferentes partes del país, no significa que el proceso se deba atomizar y trasladar a diferentes ciudades del país”, aclaró la defensa.
Según la investigación los hermanos Alfonso, Juan Carlos y Alberto Dávila Abondano en compañía de Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara Díaz-Granados, Jesús Antonio Carreño Granados y Manuel Guillermo Barrios del Ducca recibieron 2.500 millones por parte del IICA a nombre del grupo Daabon, sin embargo, luego de que estalló el escándalo reembolsaron dichos subsidios.
La Fiscalía acusó formalmente por los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación a estos empresarios quienes fueron cobijados con una medida de aseguramiento especial conocida comúnmente como «país por cárcel».