A puertas de un golpe de estado se encuentra el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, de capa caída por estos días entre los notarios del país por las declaraciones en las que llamó a rendir cuentas a los 877 actuarios para que entreguen información sobre casos de muertes simuladas, como ocurrió con alias «Fritanga». Para los notarios, estas declaraciones además de dejarlos sub júdice les resta credibilidad frente a la opinión pública, por lo que habrían pedido al presidente del Colegio Nacional de Notarios, Álvaro Rojas, «tomar distancia del super». A esto se suma que algunos notarios no ven con buenos ojos la propuesta de que un operador particular maneje el sistema de identificaciòn biométrica, obligatorio en un futuro para que cualquier persona se identifique con sus huellas en las 1.300 notarías que tendrá el país.