Vargas le da un mes al alcalde Petro para conseguir lotes para casas gratis

El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras notificó en las últimas horas al alcalde de Bogotá Gustavo Petro que solo tiene un mes para definir los terrenos en los cuales se construirán las 8 mil 110 viviendas de interés prioritario que el gobierno nacional le ha asignado a la capital de la república.

Vargas Lleras advirtió que si en septiembre el alcalde Petro no habilita los lotes respectivos, se redistribuirá en otras ciudades del territorio nacional el proyecto de vivienda, que hace parte de las 100 mil casas gratis que contempla el programa del gobierno nacional.

El conflicto entre el gobierno distrital y el gobierno nacional se originó en la decisión de la alcaldía de la capital de no permitir la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones, como el caso del sector de Campo Verde en la localidad de Bosa, que está ubicado en una zona inundable en tiempos lluviosos, porque está por debajo de la cota de los ríos Tunjuelito y Bogotá.

El ministro de vivienda, dijo que a partir de hoy se están abriendo las subastas en el país y solo queda el mes de septiembre para que cada ciudad oficialice su interés no en el programa.

“Ya no disponemos de seis meses como algunos lo están sugiriendo para concretar su participación”, advirtió Germán Vargas Lleras.

En una intervención en el Çoncejo de Bogotá, el Ministro dijo que Bogotá tiene el déficit habitacional más alto de todo el país y hoy solo se ofertan 197 unidades de interés prioritario y 2.659 de interés social.

Frente a este hecho, señalo que el Gobierno Nacional tiene proyectado construir 8.110 viviendas con una inversión por 330 mil millones de pesos, pero si la Administración Distrital no colabora, los recursos serían asignados a otras regiones del país.

Al referirse al estado actual de los proyectos previstos para Bogotá, aseguró que no se ha logrado suscribir los respectivos convenios, y a manera de ejemplo citó el proyecto grupo verde en Bosa donde no se ha definido el número de viviendas ni se cuenta con redes del acueducto suficientes.

Ademas dijo que en San Victorino no se han hecho las modificaciones normativas necesarias para permitir el desarrollo de vivienda y en la Plaza de la Hoja no se ha realizado la incorporación topográfica respectiva.

A su turno, el Presidente del Concejo, Darío Fernando Cepeda, expresó su preocupación por el riesgo de que la ciudad se quede por fuera de este programa nacional.

Añadio que la capital necesita reactivar la construcción en Bogotá, pues el 6% del producto interno bruto corresponde a esta actividad.

Dijo que adicionalmente se generarían aproximadamente 40.000 empleos, cifra nada despreciable que podría contribuir a disminuir el índice de desempleo.

El Concejal Cepeda le hizo un llamado a la Administración Distrital para que comience a trabajar mancomunadamente con la Nación, para que los beneficiados sean la población de los estratos más necesitados.

Mientras tanto, el concejal Alvaro Argote Muñoz dejó por escrito las siguientes precisiones:

1. Que la existencia de la vivienda informal, fundamentalmente de la población pobre y marginal se ha debido a que no ha existido, ni existe una política económica y financiera que permita el acceso al crédito para las familias más pobres.

2. No es verdad que como consecuencia del actual Plan de Desarrollo para la ciudad, que apenas lleva escasos 2 meses de su promulgación se haya generado un impacto negativo en la construcción de vivienda en Bogotá, al contrario, no sólo como política social sino en cumplimiento de la ley, lo que se busca es que todo los proyectos de construcción de vivienda tengan la obligación y la responsabilidad de habilitar la cuarta parte para la construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario y de esta forma resolver esta necesidad muy grande e impedir que continúe la segregación y la marginalidad social.

3. En el caso del compromiso del Gobierno Distrital con el Programa nacional de vivienda gratuita, la responsabilidad mutua y recíproca de los gobiernos es la de facilitar que este Programa llegue a Bogotá, sin detrimento de la responsabilidad social y ambiental y sin presiones de intereses particulares sobre el negocio de la vivienda a cualquier precio. Por ejemplo, en el caso de adelantar un Proyecto de construcción de vivienda en Campoverde en la Localidad de Bosa, de un lado se deben preservar los derechos ambientales, proteger de riesgos prevenibles a los posibles beneficiarios y asumir responsabilidades económicas de las empresas interesadas sobre las obras de mitigación y de equipamiento urbano que sean requeridas. Si bien, no se trata de impedir la iniciativa privada, también es imperativo proteger las garantías para los demandantes y proteger el patrimonio público para que no sea utilizado en los negocios particulares. Por ahora”

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