La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra Astrid Salamanca Rahín, directora administrativa del Senado de la República, por presuntas irregularidades en la suscripción de 74 contratos firmados a pocos días de culminar el periodo legislativo 2016-2017.
La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal señaló que se investiga una posible falta disciplinaria en relación con los contratos de prestación de servicios firmados entre el 20 de mayo y el 9 de junio de 2017.
Esto, porque al parecer «presentan inconsistencias como salarios inferiores o superiores a los que indica la Resolución 1773 del 15 de mayo de 2012, estudios previos sin justificación económica, y falta de claridad sobre la idoneidad y experiencia de los contratistas».
El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, escuchar el testimonio de contratistas relacionados en la investigación, y en versión libre a la directora Administrativa del Senado, si así lo solicita.
La entidad señaló que también se llamará a declarar a los funcionarios que sustentaron la necesidad de los contratos de prestación de servicios, entre ellos, la secretaria privada de la presidencia del Senado, el secretario general, y los encargados de Atención al Ciudadano, Pagaduría y Planeación y Sistemas.