Los pendientes a los que se enfrenta el nuevo ministro de Agricultura

Compartir:

Juan Guillermo Zuluaga llega a liderar un sector que ha dado buenos resultados de producción, pero en medio de voces de paro y con tareas en cola como la adjudicación del fondo parafiscal ganadero, la expedición de una ley de tierras y la recuperación del dinero prestado por el Banco Agrario a Navelena.

Aurelio Iragorri, nuevo presidente del partido de la U; Juan Manuel Santos, presidente de la República, y Juan Guillermo Zuluaga, nuevo ministro de Agricultura.Cortesía Presidencia de la República.

Una de las metas que Aurelio Iragorri se trazó y cumplió fue durar más de un año al frente del Ministerio de Agricultura, una entidad que ha tenido un centenar de jefes de cartera en más o menos un siglo. Su ciclo terminó ayer, cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que la nueva cabeza del sector rural será Juan Guillermo Zuluaga, exalcalde de Villavicencio, quien en mayo pasado había sido nombrado director de Seguimiento y Evaluación a los Acuerdos de Paz.

Iragorri deja el cargo para asumir las riendas del Partido de la U, la misma colectividad de Zuluaga, quien además lideró la visita del papa Francisco a Colombia. El nuevo ministro es administrador de empresas y especialista en gerencia en gobierno y gestión pública, y llega para ponerse al frente de una entidad con contrastes.

Mientras el agro ha logrado indicadores como un crecimiento de 4,4 % en el segundo trimestre del año, los productores están al borde de un nuevo paro, anunciado para el 12 de octubre. Los arroceros, por ejemplo, reclaman más apoyo a la comercialización. Señalan un entorno de sobreoferta que ha resultado de cosechas históricas, que a su vez fueron producto de su compromiso con el plan oficial Colombia Siembra.

Dicho plan fue la mayor apuesta de Iragorri: la siembra de un millón de hectáreas nuevas a 2018, meta que se cumplió este año. Mientras el saliente ministro asegura dejar destinados $60.000 millones y una cantidad igual contemplada en el presupuesto de la nación de 2018, Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria, afirma: “La idea era atender las necesidades de los productores, que no son pocas, de la manera más rápida posible, pero es evidente que no hizo el esfuerzo en ese sentido”.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en cambio, piensa que hay que “reconocer la tenacidad y el compromiso del saliente ministro para resolver problemas estructurales del campo”. De acuerdo con Bedoya, entre las prioridades del nuevo jefe de cartera debería estar la seguridad jurídica sobre la propiedad rural, en particular si se tiene en cuenta que el debate de la próxima ley de tierras está a punto de comenzar.

Según el saliente ministro, ese articulado, que modificará la Ley 160 de 1994, se tramitará como un proyecto de ley ordinaria y será sometida a consulta previa y por parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Bedoya expresó su desacuerdo con esto último. El presidente de la SAC agregó que otro punto por resolver o mejorar es la parafiscalidad del sector.

Iragorri deja el cargo sin que haya culminado el proceso de selección del nuevo administrador del fondo parafiscal de los ganaderos. Éste se encuentra suspendido mientras el Consejo de Estado da su concepto sobre si Fedegán, que perdió la administración del fondo a finales de 2015, puede pujar para tener de nuevo esa responsabilidad.

Además, en relación con los lecheros, el Ministerio está en mora de expedir una resolución que regule la compra de los excedentes del alimento por parte de la industria. Un primer borrador de la materia generó malestar en los productores.

Finalmente, sobre otro de los asuntos pendientes del Ministerio, la recuperación del dinero que el Banco Agrario le prestó a Navelena, el ahora presidente de la U explicó que Cormagdalena certificó hace un par de semanas tener $178.000 millones en una fiducia, por lo que, entre octubre y noviembre, según Iragorri, el banco público estaría recibiendo el pago del crédito y los intereses que el consorcio conformado mayoritariamente por Odebrecht le adeuda.

Compartir: