En medio de la dificultad que tiene el Gobierno para que sea aprobada la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en el Congreso, el uribismo busca derogar vía referendo la justicia especial, así como el blindaje del acuerdo con las Farc.
La senadora Paloma Valencia explicó que este jueves fue radicado el comité promotor para recoger el 5% de las firmas del censo electoral, «para que nos convoquen a un referendo y los colombianos podemos rechazar la incorporación de estos acuerdos, rechazar la jurisdicción especial para las Farc y rechazar que esos acuerdos estén en la Constitución y que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política«.
Tras la radicación, la Registraduría tiene 15 días para decidir si acoge o acepta el comité y, una vez se pronuncie, habrá seis meses para recoger las firmas de los colombianos.
Según precisó Valencia, el referendo no tiene que pasar por el Congreso ni por revisión de la Corte Constitucional.
El representante Álvaro Hernán Prada, quien también radicó el comité, dijo que se busca derogar tres actos legislativos: JEP, blindaje de los acuerdos y participación política de las Farc.