Secuestradas de Segunda

Por Oscar Montes

Como en Colombia existen secuestrados de primera y de segunda, así lo nieguen los secuestradores y algún sector de la sociedad, voy a ocuparme de dos víctimas de ese horrible delito, quienes, para su desgracia, no aparecen en las primeras páginas de los periódicos, ni son objeto de profundos pronunciamientos por parte del Gobierno, ni mucho menos de la empresa para la que trabajan. Se trata de la periodista Elida Parra Alfonso y la ingeniera ambiental Gina Paola Uribe, quienes llevan varias semanas en poder del ELN, grupo que se atribuyó el hecho y lo justificó cínicamente diciendo que “todo megaproyecto del imperialismo, multinacionales y oligarquía, son y serán objetivo militar del ELN” (sic).

La grave situación que están viviendo Elida y Gina solo ha sido cubierta un par de veces: cuando el ELN las secuestró y cuando una semana después envió un video como prueba de supervivencia. Nada más. A nadie parece importarle la suerte de estas dos compatriotas, quienes no tienen la condición de extranjeras, que es una de las razones por las cuales los medios de comunicación del mundo fijan sus ojos en casos de secuestro; ni tampoco son políticas, que motivaría a la prensa nacional a fijarse en ellas.

Si Elida y Gina fueran extranjeras, como Roméo Langlois, por ejemplo, o políticas, como Ingrid Betancourt, quien tenía, además, la doble condición de política y extranjera, pues es ciudadana francesa, seguramente los medios de comunicación del mundo, particularmente los de Colombia, estarían hablando de su dramática situación diariamente y denunciando ante la comunidad internacional la atrocidad que el ELN está cometiendo con ellas. Pero no lo son, para su desgracia. Esa es la triste realidad.

Ni siquiera las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que por fortuna cada día son más en Colombia, se han apersonado del caso de Elida y Gina. No ha habido un solo pronunciamiento de su parte, como tampoco de aquellos políticos que han convertido el secuestro de nacionales en una bandera, como es el caso de Piedad Córdoba, quien ahora promueve el diálogo del Gobierno no solo con las Farc sino con el mismo ELN, grupo que reconoció tener en su poder a Elida y Gina.

Piedad debería exigirle al ELN la liberación de Elida y Gina como condición mínima para prestarse como gestora de un eventual diálogo de paz entre el Gobierno y ese grupo guerrillero. La voz de la ex Senadora cuenta con mucha audiencia internacional y seguramente su pronunciamiento tendría el eco suficiente para ser oída por organismos mundiales defensores de los Derechos Humanos. Los casos de Ingrid Betancourt y Roméo Langlois, para solo citar dos ejemplos, demostraron que cuando la comunidad internacional se apersona de los hechos, la guerrilla toma nota y escucha el mensaje.

De manera que, si queremos que Elida Parra Alfonso y Gina Paola Uribe regresen pronto al seno de sus hogares debemos convertir su liberación en un propósito común, de forma tal que el ELN se vea obligado a escuchar el clamor nacional e internacional y deje de una vez por todas su cinismo, que lo lleva a afirmar que las dos contratistas secuestradas son accionistas, o dueñas, de la multinacional que construye el Oleoducto Bicentenario y que por tanto tienen los recursos suficientes para pagar un multimillonario rescate. Nada más absurdo.

De manera que ya es hora de dejar de estratificar a los secuestrados, como si hubiera diferentes categorías para cubrir su tragedia. Un secuestrado es un secuestrado. Punto. Seguir tratándolos de forma diferencial, tanto el Gobierno, como las autoridades y los medios, sólo contribuye a acrecentar el negocio que tienen montado los grupos ilegales, malhechores que han convertido este delito en una gran ‘industria’.

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