POR OSCAR MONTES
@LEYDELMONTES
Estados Unidos tiene en su poder grabaciones de exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia con el capturado exdirector de la Oficina de Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno.
Desde comienzos de Mayo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, recibió información muy certera acerca de las actuaciones ilegales que se venían desarrollando en la entidad, en la que figuraba como principal protagonista el jefe de la Oficina Anticorrupción del organismo, Luis Gustavo Moreno, a quien el propio Martínez había designado. La privilegiada información le cayó como un mazazo no sólo por estar involucrado uno de sus funcionarios de mayor nivel, sino porque la lucha contra la corrupción es su principal bandera desde que fue designado por la Corte Suprema como la máxima autoridad en la lucha contra las organizaciones criminales del país. Aunque Moreno no hacía parte de su círculo más cercano, se trataba de un funcionario con acceso a información privilegiada, derivada de su cargo.
A partir de ese momento, Martínez Neira empezó a trabajar de la mano con el Departamento de Justicia y con otras autoridades de Estados Unidos -entre ellas la DEA- para tratar de desentrañar la que parece ser la más poderosa red de corrupción dentro de la Fiscalía y con tentáculos en otras entidades del Estado, como la propia Corte Suprema de Justicia, donde Moreno tiene relaciones directas con magistrados y altos funcionarios de esa entidad.
De hecho, en manos de los organismos de inteligencia de Estados Unidos reposan grabaciones de Moreno con ex magistrados del alto tribunal que están siendo evaluadas en estos momentos para tomar una decisión con relación a los pasos a seguir en las próximas semanas.
Ese país está a la espera de que se surta el trámite correspondiente para que el abogado Moreno sea extraditado para que responda por varios delitos, entre ellos lavado de activos, en el que también está involucrado el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue la persona que sirvió de señuelo para la captura de Moreno, así como del abogado Leonardo Pinilla, al parecer, su cómplice en la acción criminal, quien está a cargo de la defensa de varios implicados en asuntos delicados investigados por Moreno.
«Pinilla trabajaba en llave con Moreno y servía como intermediario entre el funcionario y las víctimas. Él fue la persona que visitó a Lyons en Bogotá para llevarlo hasta donde Moreno. Ese encuentro -que se llevó a cabo en un carro de la Fiscalía- fue gestionado por el abogado Pinilla», me contó un alto funcionario de la Fiscalía General, quien conoce los intríngulis de la investigación.
En la actualidad Lyons está en conversaciones con las autoridades de Estados Unidos -donde se encuentra, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra por más de veinte delitos que habría cometido durante su gestión como Gobernador- con el fin de negociar una rebaja de penas a cambio de su colaboración para capturar a los implicados en la poderosa red de corrupción de la que es pieza fundamental, al igual que el ex director anticorrupción de la Fiscalía General.
En efecto, el exgobernador de Córdoba fue la ficha clave para la captura de Moreno, pues fue quien le entregó el pasado 16 de Junio, 10.000 dólares como pago por un soborno a cambio de recibir información privilegiada acerca del desarrollo de sus procesos en la Fiscalía General. La entrega ocurrió en el parqueadero del Dolphin Mall de Miami. Todo la operación fue grabada y monitoreada por agentes de la DEA. Buena parte de ese dinero fue gastado por la esposa de Moreno -Carolina Rico Rodríguez- en el propio Miami en la compra de joyas en almacenes exclusivos de esa ciudad.
Las investigaciones han podido determinar -además- que a nombre de ella también hay varios apartamentos y otros inmuebles en Bogotá y Montería. Toda la información está en poder tanto de la Fiscalía General, como de los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Tanto para la Fiscalía General, como para las autoridades de Estados Unidos, el caso del exfiscal Moreno es la punta del iceberg del mayor escándalo de corrupción dentro del organismo. «Las dimensiones están todas por establecer, puesto que la red de la que hacía parte Moreno se movía en las más altas esferas tanto de la Rama Judicial -tenía contacto directo con los magistrados -desde su época a abogado litigante- como con congresistas y ex congresistas vinculados a la parapolítica, entre otras investigaciones», me comentó un funcionario del organismo investigador colombiano.
¿En qué van las investigaciones y qué pasará con Moreno y sus cómplices? ¿Cómo llegó Moreno a ser uno de los altos funcionarios de la Fiscalía General? ¿Quiénes son sus padrinos en la Corte Suprema y en los círculos políticos?
El principal frente de batalla de Néstor Humberto Martínez es la corrupción. El suyo es un compromiso incuestionable. De hecho creó un programa al que llamó «bolsillos de cristal», para significar la transparencia de la Fiscalía. Por todo ello causó sorpresa que hubiera nombrado en la Dirección de la Fiscalía Anticorrupción a Luis Gustavo Moreno, un abogado sin mayores pergaminos jurídicos, ni éticos. De ahí que su designación despertara inquietudes, pues para algunos observadores, ello sólo fue posible gracias a la gestión de varios padrinos. El nombre de esos padrinos permanece en el anonimato, pero se menciona con insistencia a los ex magistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, ex presidentes de la Corte Suprema. Ante la gravedad de los hechos, el propio Fiscal tendrá que señalar de dónde sacó a ese funcionario de tan pésimas calidades éticas y que tan mal lo ha hecho quedar a él, a la Fiscalía y al país. Es evidente que no lo conocía, ni sabía de su trayectoria. Dar a conocer esa información no es ninguna infidencia, pues se trata de un asunto gravísimo. Por ello mismo, quienes recomendaron a ese individuo deben darle la cara al país y decirnos por qué le metieron semejante golazo al Fiscal. Este -a su vez- deberá despojarse de falsas lealtades para no terminar responsabilizándose de algo que no le corresponde. Pero deberá informar porque nombró en el cargo de mayor visibilidad de la entidad a su cargo a alguien que no era de su confianza, sino de la confianza de otros.
¿Quiénes son los padrinos del fiscal capturado?
Para quienes conocían a Luis Gustavo Moreno fue una enorme sorpresa su designación como flamante Fiscal Anticorrupción. Lo que no causó sorpresa fue su captura. Punto. Antes de llegar al cargo, Moreno compartía oficina con Ruth Marina Díaz, quien se hizo famosa cuando el país conoció de su periplo por algunas islas del Caribe, siendo presidenta de la Corte Suprema. También compartió despacho con Francisco Ricaurte, quien fuera objeto de señalamientos por cuenta de la tristemente célebre «puerta giratoria» que llevó a varios magistrados a pasar de un alto tribunal a otro, mediante la figura del «yo te elijo y tú me eliges». Además, ha sido muy cercano a José Leonidas Bustos, presidente de ingrata recordación en la Corte Suprema. Una vez estalló el escándalo, la ex magistrada Díaz en declaraciones radiales llenó de elogios al fiscal capturado, pero -eso sí- negó haberlo recomendado. Es decir, son estos tres ex magistrados quienes deberán aclarar cuáles fueron los alcances de su cercanía -personal o profesional- con Moreno y si tuvieron alguna incidencia en su nombramiento. El solo hecho de que haya trascendido que en poder de los Estados Unidos hay grabaciones de Moreno con ex magistrados de altas cortes colombianas debe ser motivo de reflexión de todos aquellos que compartieron información con quien próximamente será extraditado a ese país.
La captura del ex fiscal anticorrupción es con fines de extradición. La razón para ello es que Moreno figura como receptor de dineros provenientes de una concusión (que es una extorsión que realiza un funcionario público) en territorio de los Estados Unidos de América. ¿Qué tal este genio? Se fue hasta los Estados Unidos a cometer un delito para otorgarle jurisdicción a la Justicia estadounidense, metiendo al país y en particular a la Fiscalía General en un tremendo lío y en un escándalo que mina la credibilidad de ese organismo, justo cuando más necesita de ella. La Administración de Justicia -sin duda- ha quedado golpeada de un ala, pues el lamentable, vergonzoso e inadmisible episodio tendrá consecuencias en el desarrollo de los programas que se adelantan con Estados Unidos, pese a que los resultados obtenidos en esta oportunidad no hubiesen sido posibles sin la colaboración decidida y comprometida de la Fiscalía General, en cabeza del Fiscal General y de la vicefiscal, María Paulina Riveros, quien ha estado al frente de las investigaciones relacionadas con este caso.
La malhadada moda de hacer campaña para Fiscal General debe acabarse. No debe ser así. El asunto debería ser mucho más sencillo: el Presidente de la República envía la terna y los magistrados de la Corte Suprema le hacen una entrevista pública a los ternados. El mejor de ellos será el Fiscal General. Y sanseacabó. Pero resulta que en un tiempo para acá todo se politizó. Ahora hay que hacer campaña. Y son campañas costosas, como para aspirar al Congreso de la República, con costosos almuerzos y jefes de debate. Es ahí cuando aparecen los familiares y amigos de los políticos que hacen lobby a favor de los candidatos. Y como decía Álvaro Gómez Hurtado: en Colombia no hay almuerzo gratis. Con el almuerzo viene la hoja de vida del ahijado de los «jefes de debate». Pura y dura corrupción. Al final -una vez elegido el Fiscal General- aparece gente tan extraña -como Luis Gustavo Moreno- ocupando cargos para los que todos saben que no tienen ni el perfil profesional ni la decencia personal para desempeñarlos. Y es por esa razón que la parte más grande de la corrupción que debe investigar la Fiscalía es que ocurre de sus propias puertas hacia adentro.
La existencia de fiscales delegados de todas las categorías que usan sus cargos para extorsionar y no para investigar a quien lo merece, es una costumbre entronizada en varias Unidades de la Fiscalía. Es lo que hacía el fiscal Jefe Anticorrupción con el sospechoso Lyons. O lo que hacen con múltiples investigaciones en la Unidad de Lavado de Activos, que dejan ahí abiertas sin resolver «porque sí», esperando quién sabe qué oferta y no precisamente de evidencia. Lo que acaba de ocurrir con el alcalde de Montería y con el Consejero Presidencial es un episodio lamentable: semejante escarnio público para reconocer que no había evidencia suficiente en su contra. ¡Qué tal los casos de Sigifredo López o del almirante Gabriel Arango Bacci, que nos costarán multimillonarias indemnizaciones! Es necesario que la Fiscalía General sacrifique un titular de prensa por una buena y sólida investigación. Una investigación bien soportada en pruebas contundentes jamás será sujeta de sospechas o cuestionamientos, como ocurre -por ejemplo- con los capturados por el atentado al Centro Comercial Andino de Bogotá. En ese sentido no les falta razón a los jueces de la República cuando piden respeto por parte de la Fiscalía y también del Ejecutivo a sus decisiones.