Por: Ricardo Galán.–
El Gobierno colombiano acaba de tomar una de las decisiones más importantes de su gestión en defensa y bienestar de todos los ciudadanos con la expedición del Decreto 019 del 10 de enero de 2012, más conocido como el Decreto Antitrámites.
La norma suprime o simplifica cientos, de pronto miles, de trámites absurdos e inútiles que no sólo nos complicaban la vida y entorpecía las relaciones de los ciudadanos con el Estado, sino que estaban afectando la economía pues dificultaban la creación de nuevas empresas, y por lo tanto de nuevos puestos de trabajo, mientras favorecían la corrupción en organismos y entidades públicas y privadas.
El Decreto 019 de 2012 o Decreto Antitrámites es una norma que debemos apoyar y defender todos los ciudadanos. Debemos aprendérnoslo de memoria. Exigir su cumplimiento y aplicación. De lo contrario, los corruptos y avivatos de siempre van a aprovechar nuestra ignorancia de la norma para mantener su negocio y su pedacito de poder.
El Gobierno debe emprender una campaña masiva de divulgación del Decreto Antitrámites en radio, TV y medios digitales para que todos lo conozcamos y no traguemos entero cuando, por ejemplo una IPS quiera ponernos a tramitar el SOAT después de un accidente de tránsito o una EPS nos exija acudir a La Tutela para aplicar los tratamientos y medicinas a los que tenemos derecho.
El Decreto Antitrámites es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Su efectividad y beneficio depende del Estado y de las entidades involucradas, tanto públicas como privadas, pero sobre todo de nosotros que debemos dejar la pena y el miedo a un lado y defender en todo momento nuestros derechos.
El Decreto Antitrámites rescata la confianza del Estado en el ciudadano. Lo demuestra al derogar normas estúpidas como aquella que nos exigía acudir personalmente ante un notario para que él certificara que estamos vivos. O Aquella que nos obligaba poner una denuncia penal por la pérdida o robo de nuestros documentos de identidad. Un requisito que, además de engrosar las estadísticas de casos no resueltos por nuestro sistema judicial, no sirve para absolutamente nada.
El Decreto 019 de enero 10 de 2012 es un esfuerzo del Gobierno por hacernos la vida más fácil. Es nuestro deber apoyarlo y defenderlo. Es nuestro deber no abusar de él y de sus beneficios.
Aprovechemos esta oportunidad para cambiar nuestra actitud frente al Estado, el Gobierno, las empresas de servicios públicas y privadas. El Gobierno dio el primer paso. Nos corresponde a los ciudadanos echarlo a andar y mantener el rumbo.