Por: Oscar Sevillano
Lo menos que uno espera de personajes que en algún momento denunciaron la corrupción y los malos procedimientos políticos de nuestros gobernantes, es que sus nombres se vean inmersos en escándalos por posibles manejos que ponen en entredicho su actuar en la función pública.
Puedo tener diferencias personales con el exgerente del Canal Capital y hoy concejal de Bogotá Hollman Morris, pero nunca esperé que su nombre resultara envuelto en un escándalo como el que hoy se empieza a desatar por cuenta de la participación de su exasesora jurídica Ángela Marcela Castillo en el proceso disciplinario abierto en la Personería Distrital a Darío Montenegro.
En estos momentos me queda la duda de si el que el caso al interior de la Personería pasara por las manos de la abogada Ángela Marcela asesora jurídica del Canal Capital durante la gerencia de Hollman Morris, y el hecho de que esta no se declarara impedida fuese casual o fue más bien con intención, no solo de conocer los pormenores del asunto, sino también desde su nuevo cargo en el ente de control, meterle ganas jurídicas al asunto.
Todos sabemos que el concejal Hollman Morris no es para nada amigo de la nueva gerencia del Canal Capital. Sus críticas al trabajo que desde este medio se hace no cesan y nada le parece bueno. De hecho, cuando el periodista Gonzalo Guillen escribió una columna de opinión en Semana.com, cuestionando a Claudia Palacios por los honorarios que recibía, el concejal declaró a través de su cuenta de twitter “Mi salario en Canal Capital era de $11.136.325 (Once millones ciento treinta y seis mil quince pesos), pero se le olvidó que al juez Baltazar Garzón, persona a la que el (Morris) contrató, le asignó honorarios por un total de 163 millones durante cuatro meses, lo que equivale al pago de alrededor de 40 millones de pesos al mes.
(Ver trino)
Con toda esta animadversión que Morris tiene hacia la gerencia del Canal Capital, y siendo consciente de su paso por la gerencia de este medio de comunicación, es claro que el concejal Hollman por cuestiones de ética profesional, está en mora de declararse impedido para tratar cualquier asunto relacionado con esta institución del Distrito.
De igual manera su exasesora Ángela Marcela debía hacer lo mismo, mucho más tratándose de una investigación disciplinaria demasiado seria.
No creo que la abogada desconozca las fronteras que la ética profesional le impone al derecho. Tampoco creo que no supiera que debía declararse impedida. Por lo anterior, no dudo en preguntar de si existía alguna motivación política para actuar de esta manera tan poco transparente.
En cuanto a Hollman Morris le corresponde dejarle claro a la opinión pública que tan lejano es a este asunto y si ha tenido algo que ver en la actuación de la abogada Ángela Marcela en el caso por el que se investiga al gerente Darío Montenegro.
Del lado de la Personería Distrital es necesario que explique de si los superiores a la abogada Angela Marcela conocían los impedimentos éticos que tenía para conocer este asunto y trabajarlo desde su cargo.
Toda esta manera de actuar de las personas que hicieron parte de la administración de Gustavo Petro en Bogotá, me genera la duda de si son conscientes de lo serio y delicado que es este asunto, como para no tener claro que cualquier paso mal dado puede causarle daño a la ciudad, por lo que quisiera hacerles un llamado a cordura, para ver si es que en algún momento de la actual coyuntura hacen algo que no deje interrogantes sobre sus verdaderas intenciones.
@sevillanojarami