Procuraduría pide a la Corte aclarar orden de devolución de tierras en el Guaviare

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte que explique mediante auto motivado y no mediante comunicado de prensa, lo ordenado al Ministerio de Defensa Nacional con respecto a la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina ubicada en el Departamento del Guaviare.

Según el Procurador, en el numeral décimo del citado auto la Sala dispuso: “ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón – Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses. Este proceso deberá hacerse con acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social Caritas – Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta”.

Pero en el comunicado de prensa, según el funcionario, se publicó algo diferente: “no se ordena el retiro de dos (2) bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de 6 hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente en la forma descrita, en el departamento del Guaviare. Al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas. Tal decisión nada tiene que ver con otros territorios del país”.

Adicionalmente, el Jefe del Ministerio Público informó a la Corte Constitucional que ordenará la conformación de “una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados”.

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