En una carta fechada este jueves, la cazatesoros estadounidense Sea Search Armada le pone de presente al presidente Juan Manuel Santos, con ocasión del anuncio del jefe de Estado del pasado 12 de junio, en el que informa que está lista una Asociación Público Privada, APP, para rescatar el Galeón San José, que de darse esta recuperación de estos tesoros «se complicaría y extendería todavía más un litigio que supera tres décadas».
La misiva fue suscrita por el abogado barranquillero Danilo Devis, representante en Colombia de Sea Search, quien asegura que en el proceso judicial que se adelanta por el caso «se decretó el secuestro de los tesoros que se rescaten de la vecindad inmediata o áreas aledañas de las coordenadas señaladas en el denuncio de 1982», por lo que, advierte, el «solo anuncio del rescate» sería «un desafío a una orden judicial».
La cazatesoros, que denunció en 1982 las áreas marítimas en que estaría el naufragio -el Gobierno sostiene que el galeón está en otras coordenadas-, es cobijada por un embargo de estos tesoros, según Devis, decretado en primera instancia por el juez 10 civil de circuito de Barranquilla en 1994, confirmado por el Tribunal Superior de Barranquilla en 1997 y reconfirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2007.
Dicha medida cautelar, señala el representante de Sea Search, «es solo una de las maneras de asegurar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de julio de 2007, en la cual se protegió al máximo el patrimonio cultural al declararse su dominio exclusivo por la Nación. E igualmente se declaró la propiedad en común y pro indiviso de la Nación y SSA, por partes iguales, de los bienes del naufragio que tengan calidad de tesoros».
Advierte además Devis que «esta controversia de última hora debe ser resuelta por el juez. Ese es su oficio. Las partes no pueden sustituirlo y pasar por encima de procedimientos de ley ordenados por el mismo juez».
Por ello, pide que «si el Gobierno cancela definitivamente toda posibilidad de diálogo», entonces «que sea entonces el juez, como institucional y naturalmente corresponde, quien resuelva esa póstuma controversia sobre la ubicación del naufragio».