Senador Ramos Maya propone al Gobernador de Antioquia realizar consulta popular para definir caso Belén de Bajirá

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Medellín, 11 de junio_ RAM_ El senador Alfredo Ramos Maya planteó dos propuestas que buscan defender el territorio antioqueño en la disputa entre por el diferendo limítrofe por los corregimientos de Belén de Bajirá, Blanquiceth, Nuevo Oriente y Macondo: la primera es que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, convoque a una consulta popular para preguntarle a los ciudadanos a qué Departamento desean pertenecer. Y una solicitud al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, para que exhorte al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a no divulgar mapa alguno hasta tanto el Legislativo entregue una disposición sobre el particular.

Los planteamientos se plasmaron en dos misivas enviadas, tanto al Gobernador como al presidente de la Cámara Alta, para encontrar una salida amigable y respetuosa con los pobladores de los corregimientos antioqueños.

Por un lado, esta Consulta “es una facultad de todo gobernante territorial y subsanaría la omisión en la que incurrió el Ministerio del Interior cuando, el pasado 8 de diciembre, se le solicitó por parte de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara realizarla, con el fin de conocer la visión de la comunidad en un oportuno ejercicio de Democracia participativa”, tal como lo expuso Ramos Maya reiterando, dicho sea de paso, la relación fraternal entre Antioquia y Chocó.

De otro lado, la petición hecha a Lizcano especificaba que, como Presidente del Senado de la República, tuviese en cuenta la proposición aprobada en diciembre pasado por las Comisiones de Ordenamiento Territorial sobre el diferendo limítrofe. El texto aprobado en aquel momento indicaba que el informe técnico del IGAC debía ser regresado por no cumplir con las obligaciones técnicas, tema que fue desconocido por el director de dicha entidad, que no ha presentado un nuevo informe al Congreso cumpliendo los requisitos legales.

Por último, el senador Ramos Maya invitó a la autoridad departamental y legislativa, a gestionar el tema de una manera rápida “en defensa de nuestro territorio (antioqueño) para evitar un atropello a la Constitución, la Ley y la voluntad del Congreso de la República”.

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