¿Quién está frenando la investigación de la CSJ sobre Piedad Córdoba?

Por: Eduardo Mackenzie

Hace más de un año, en noviembre de 2010, la Procuraduría General compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia del nuevo material probatorio que tenía sobre  los presuntos vínculos de la ex senadora destituida Piedad Córdoba con las FARC.  No se trata únicamente de los documentos y correos electrónicos encontrados en  los computadores de Raúl Reyes, ni de los registros digitales que estaban en poder del “Mono Jojoy”, decomisados durante la Operación Sodoma, ni  de las pruebas  básicas invocadas por la Procuraduría al inhabilitar a esa ex senadora. Se trata de algo más: de  intercepciones telefónicas legales realizadas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) de conversaciones entre la  ex parlamentaria y miembros de la organización terrorista, especialmente con un tal alias “Manolo”, del frente 30 de las FARC.  (Ver El Tiempo, 19 de noviembre de 2010).

 

La información producida por la DIJIN corrobora obviamente los hechos tenidos en cuenta por la Procuraduría al firmar la inhabilitación de la señora Córdoba para ejercer cargos públicos durante 18 años.  Por esa razón, la Procuraduría anunció, el 19 de noviembre de 2010, que abría un nuevo proceso por Farc-política, y sobre Piedad Córdoba, esta vez basado en los datos encontrados en centenares de archivos  del “Mono Jojoy”.

 

La Corte Suprema de Justicia, por su parte,  también recibió documentación  acerca de la contribución financiera, o donación, que Piedad Córdoba habría hecho al señor Ricardo Montenegro, ex candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014, donación perfectamente ilegal pues ésta habría sido efectuada cuando ella era senadora, violando así la disposición que prohíbe a los funcionarios públicos hacer donaciones a partidos y a candidatos.

 

Más grave: las autoridades tienen la prueba de que Piedad Córdoba pasó información secreta, o como dice El Tiempo, “privilegiada”,  a las FARC para tratar de impedir que  las fuerzas del orden pudieran rescatar al coronel Mendieta, según un mensaje del 14 de septiembre de 2008, de Iván Márquez, donde éste asegura que Piedad Córdoba,  bajo el alias de “Gaitán”,  les envió esa información.  “Gaitán envía lo siguiente: que el Ejército está cerca del coronel Mendietta (sic), por los lados de la Clínica. Planean sacarlo a la fuerza. Conocen el sitio preciso”, escribe el jefe terrorista.

 

El Tiempo decía el 22 de noviembre de 2010 que el expediente que manejaba la Procuraduría en ese momento tenía “otros apartes explosivos” que comprometen a la ex senadora y que hablan, sobre todo,  de un  “contacto con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de los capturados en mayo pasado que han sido relacionados con  actividades de la política en el occidente del país” y que hay  todo un “capítulo” sobre “el aparente envío de plata desde Venezuela”. Es decir de “más de 10 500 correos y chats intervenidos” enviados y recibidos por dos asesores de Piedad Córdoba, Ricardo Montenegro y Andrés Vásquez, donde aparecen millones de dólares  enviados a ese grupo desde Venezuela.

 

¿Por qué un año después de semejantes revelaciones de El Tiempo la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación guardan tan estricto silencio sobre esas investigaciones?  ¿Quién está frenando las dos investigaciones sobre Piedad Córdoba? ¿Alguien está intrigando para que los archivos digitales del “Mono Jojoy” sean declarados ilegales, como lo fueron los de Raúl Reyes?

 

Ese chocante silencio contrasta con el ruido estruendoso que está haciendo el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo contra la ex jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010. Esa oficina ha llegado al colmo del delirio megalomaniaco  de amenazar al mismo Presidente Ricardo Martinelli, y al establecimiento dirigente panameño, con entablarles una demanda  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  “si  no retiran” el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado.

 

En otras palabras, el tenebroso colectivo, involucrado en tres expedientes de desfalco contra el Estado colombiano por unas “falsas victimas”,  está cometiendo excesos en el exterior que le costarán caro a Colombia. Esa opaca oficina, gracias al extraño silencio del presidente Juan Manuel Santos, se acaba de convertir  en emisario y agentes de presiones indebidas contra Panamá. ¿No tiene Colombia un embajador allá? ¿Bogotá quiere mostrarle los dientes a Panamá? ¿En que terminará esa aventura?

 

Parece que en estos días los colombianos tenemos que tragar culebras enormes. Fuera de tener que soportar al cuestionado juez Garzón como asesor presidencial, ahora tenemos que aceptar que el Colectivo de abogados se convierta en el substituto de la canciller Holguín.

 

¿Qué puede un observador deducir de esto?  ¿Se puede excluir el hecho de que el Colectivo de abogados, por razones misteriosas, que podrían pasar por Caracas,  está frenando con todo lo que puede las investigaciones sobre Piedad Córdoba y la FARC-política en la Procuraduría y el la CSJ, al mismo tiempo que, en sentido contrario, trata de acaparar funciones muy delicadas del sistema diplomático colombiano para hacer regresar a Colombia, a rajatabla,  la ex directora del DAS para crucificarla en un proceso stalinista  sin garantías?

 

La histeria oficial contra María del Pilar Hurtado,  la funcionaria que cumplió con su deber al indagar, entre otras cosas, sobre las obscuras andanzas internacionales de Piedad Córdoba, y la abulia judicial respecto de Piedad Córdoba, hacen parte de una misma operación: impedir el destape del escándalo de la FARC-política. Es decir, los amigos de Piedad Córdoba  no quieren que ésta sea condenada penalmente por sus servicios a las FARC e intrigan para  que, por el contrario, los funcionarios del pasado gobierno, que no estaban dispuestos a cerrar los ojos ante lo que estaba haciendo Piedad Córdoba, sean  castigados mediante grotescos procesos estalinianos.  Es lo que el ex presidente Álvaro Uribe llama, con gran precisión,  un proceso de “venganzas criminales” instigadas por oficinas  “que no han aclarado sus vínculos con la guerrilla y han engañado al Estado con falsas víctimas como los casos de Mapiripán, Las Pavas y las inexistentes fosas comunes de La Macarena».

 

Lo que está ocurriendo muestra, pues, la perniciosa influencia que está ejerciendo el Colectivo de abogados sobre el Gobierno de Santos y el fuerte deterioro que ello implica para la ejemplar conducta diplomática que Colombia mantenía hasta ahora.

 

¿Con esos nuevos amigos, el gobierno de Santos  terminará por poner en cuestión el derecho de asilo y la Convención de Ginebra de 1951?

 

Y pensar que todo este derrumbe moral y diplomático existe porque la cúspide del poder aspira a erradicar de la memoria de los colombianos los inmensos avances que hizo el país gracias al gobierno de Álvaro Uribe. Pero aspirar es una cosa. Coronar es otra.

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