Es imperativo adelantar un diálogo que reconozca la diversidad cultural

Por Gloria Zamora

Históricamente los pueblos indígenas han enfrentado graves abusos de sus derechos humanos relacionados con la discriminación y la marginación, así como con el conflicto armado interno. Así lo han confirmado varios organismos de derechos humanos y de justicia internacional y nacional.

Distintos actores armados y la fuerza pública transitan y permanecen en los territorios imponiendo límites a la movilización y al abastecimiento de bienes básicos, militarizando escuelas y centros de salud, haciendo señalamientos y profiriendo amenazas, irrespetando los sitios sagrados, combatiendo en medio de las poblaciones, todo esto desconociendo los sistemas de gobierno y administración territorial, así como los sistemas de  justicia  propios.

Después de medio siglo soportando esta situación, abonado con el incumplimiento reiterado de acuerdos y compromisos firmados por distintos gobiernos,  el Pueblo Nasa del norte del Cauca decidió ejercer su autonomía territorial y expulsar a todos los armados que transitan y se instalan en su territorio, en este caso la guerrilla de las FARC y las fuerzas militares.  Para ello sustentan su decisión, además del fuero especial reconocido en normas internacionales y nacionales, en la recientemente adoptada Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece como principio, que no deben realizarse operaciones militares en territorios indígenas, y que de hacerse, deben estar precedidas de consultas eficaces y acuerdos libremente expresados por los mismos pueblos.

El control sobre el cerro Berlín, en territorio indígena, se convirtió en la piedra de toque, con el cual la fuerza pública mostraba que no le es vedado ningún punto del territorio nacional, y el Pueblo Nasa reivindicaba su derecho a ejercer la autonomía y libre determinación sobre un territorio que reafirman como propiedad privada con título colectivo.

Pero mientras el manejo mediático del gobierno y los poderosos medios de comunicación mostraban la foto del soldado llorando al abandonar el cerro, pocos se ocuparon de conocer el significado que para el Pueblo Nasa tiene ese lugar. Y es nada más ni menos que un sitio sagrado que coadyuva en el mantenimiento del equilibrio entre la gente y de ella con su entorno. Podría equipararse  a la ocupación sin aviso ni motivo justificado de un lugar de culto para cualquiera de las religiones reconocidas por nuestra carta política. Por eso era necesario para los Nasa, “limpiar” esos lugares que tienen una función reguladora, quitarles el “sucio” que reciben al transformarlos en sitio de violencia y volver a armonizar el territorio.

Preocupa entonces que esta misma lógica de desconocimiento del otro y de sus argumentos, se imponga a la hora de iniciar el diálogo programado esta semana. No es a punta de señalamientos y haciendo eco a manejos interesados de este conflicto, que el Gobierno nacional puede facilitar las mejores condiciones para sentarse a adelantar un verdadero diálogo intercultural.

El Pueblo Nasa ha señalado, en carta entregada al presidente Santos, cuáles son los nudos que deben deshacerse. No son temas novedosos, son los derechos reclamados insistentemente y las propuestas que vienen formulando en los últimos años frente a la afectación de sus vidas por razón del conflicto armado interno y el desconocimiento del fuero especial que los cobija:

1.             PROTEGER LA VIDA Y DESMILITARIZAR LA POBLACION Y VIDA COTIDIANA

Para ello plantean:

a.  Garantías plenas, reconocimiento y respeto para la función que ejerce la Guardia Indígena como garante de la tranquilidad y la seguridad de las personas y los bienes y como actor de paz.

b.  Respeto a los Diálogos Humanitarios realizados por las autoridades indígenas con los actores armados.

Dichos diálogos que se han efectuado de manera regular, buscan el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y prevenir violaciones de los derechos humanos contra la población civil.  Sus exigencias centrales han girado en torno a cuatro puntos: no reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado, como los tatucos, los bombardeos y ametrallamientos; y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas.

c.  Respeto a las acciones indígenas que buscan la desmilitarización de los territorios indígenas.

Reiteran la exigencia a todos los actores armados para que desmonten bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que se abstengan de utilizar los bienes civiles para fines de la guerra.

2.             AVANZAR EN LA SOLUCION DEL PROBLEMA TERRITORIAL

Partiendo de que el problema territorial está en la raíz del conflicto  social y armado en el Cauca, insisten en que la solución a este tema pasa por:

a. Reconocimiento pleno e inmediato de la propiedad ancestral indígena sobre sus territorios.

b. Declarar el Territorio Autónomo Indígena del Cauca como Entidad Territorial de la República, en desarrollo del art. transitorio 56 de la Carta Política que faculta al Gobierno para expedir normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas mientras se conforman las Entidades Territoriales Indígenas a que se refiere el art. 329 de la misma Carta.

3.             FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SISTEMAS PROPIOS

Desde distintas fuentes se han constatado los impactos negativos que el conflicto armado interno tiene sobre la institucionalidad indígena por lo cual, en concordancia con la declaración de la Entidad Territorial Indígena, el Pueblo Nasa reafirma la necesidad del reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y del Sistema Intercultural de Salud Indígena (SISPI), así como el reconocimiento pleno del Sistema Propio de Justicia (Nasa Üus) y el Sistema Propio Económico-Ambiental que incluye las competencias de las autoridades tradicionales como autoridades ambientales.

Demandan igualmente el apoyo a los Planes de Recuperación y Revitalización Cultural y Lingüística mediante un Programa sostenido y de largo plazo, conducido por los gobiernos propios.

4.             SUPERAR LA ECONOMIA ILEGAL QUE PROPICIA LA GUERRA

Reconociendo que algunas familias indígenas recurren a los cultivos ilícitos buscando solucionar sus apuros por falta de recursos, afirman que esta situación les ha generado problemas para la economía de sus comunidades, así como crisis de valores y de gobernabilidad. Las estrategias planteadas por los últimos gobiernos como las fumigaciones con glifosato, la erradicación forzada, las familias guardabosques son cuestionadas por cuanto, además de no contribuir a soluciones de fondo, han pasado por encima de las autoridades propias, causado daños a los cultivos de pancoger e involucran a las comunidades como informantes y a las familias en una acción puramente represiva.

Frente a esta situación proponen diseñar y poner en marcha un Plan de Fortalecimiento de la Economía comunitaria indígena, basado en la solución al problema de la tierra, líneas de crédito a los agricultores y mejoramiento de la infraestructura productiva, que contribuyan a la seguridad alimentaria de las comunidades.

5.             ADECUAR LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA

Proponen al gobierno adoptar una institucionalidad que responda a la autonomía indígena, y acabar con la institucionalidad existente por cuanto se ha mostrado incapaz de entender y coordinar con autoridades indígenas y sistemas políticos autónomos.

Proponen constituir una Unidad político administrativo, adscrita a la Presidencia de la República, con facultades pertinentes y presupuesto propio, que coordine y resuelva los problemas de derechos colectivos, económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, y dentro de este enfoque, atienda los problemas de pobreza y exclusión social, producto del abandono histórico.

Así como los indígenas han tenido el gesto de pedir perdón por los malos tratos a los miembros de la fuerza pública que ocupaban el Cerro Berlin, el Estado debe reconocer que no ha cumplido con la suficiente diligencia y eficacia con su deber de garantía frente al proceso de victimización a que están sometidos los pueblos indígenas, y asumir su deber constitucional y legal de buscar salidas a esta crisis humanitaria, poniéndose el lente del reconocimiento de la diversidad cultural para entender mejor al otro y encontrar soluciones dignas y duraderas.

 

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