Gobernadores indígenas definirán futuro de milicianos de las Farc

POPAYAN, 20 de Julio_ RAM_....  A ocho gobernadores de los cabildos y resguardos de Toribío les fue asignada la tarea de evaluar e iniciar la investigación ante la retención de cuatro guerrilleros de las Farc sorprendidos el martes en la vereda Belén, a unos cuatro kilómetros del área urbana, llevando armas y explosivos.

Marcos Yule, gobernador del resguardo de Toribío, dijo que deben analizar las circunstancias en que fueron sorprendidos y los elementos que transportaban.

Como parte de su cultura ancestral, estas comunidades de la etnia nasa, en el norte del Cauca, no hablan de castigo, sino del remedio a aplicar.

Los cuatro, entre ellos un menor, portaban tres fusiles, un tatuco o lanza cochetes artesanal y munición, y les fue incautada una camioneta y una motocicleta.

Los milicianos de las Farc permanecen incomunicados en una vivienda contigua a un centro comunitario de capacitación, aislados de todo contacto con la comunidad y bajo la vigilancia y seguridad de la guardia indígena con sus bastones de mando.

Yule explicó que esta es una audiencia preparatoria antes de que sean presentados al tribunal indígena, que impondrá el remedio.

En un salón comunitario del corregimiento de Huasanó, de Caloto, era velado en la mañana de este viernes el cadáver de Mauricio Largo Campo, campesino muerto el jueves en la tarde en los enfrentamientos con la fuerza pública en esa localidad.

Más de 12 horas después de esos hechos no había sido practicado el levantamiento judicial del cadáver.

Inicialmente fue tenido varias horas en el sitio donde cayó mortalmente herido, y fue rodeado con velas. Luego fue llevado al salón comunitario sobre dos mesas y cubierto con una sábana.

La población pide que los militares se retiren de puntos cercanos a las viviendas, pues eso pone en riesgo a la comunidad.

La situación de enfrentamientos se vive desde hace una semana y en los enfrentamientos de este jueves varias personas fueron heridas con balas de goma.

La tensión en los municipios de Toribío, Caloto y Miranda, en el norte del Cauca, se mantiene ante la decisión de las comunidades indígenas de seguir en sus prácticas de control territorial y exigir la salida de sus resguardos tanto de la Fuerza Pública como de la guerrilla.

«Es un mandato de las comunidades adoptado en julio del año pasado, cansada de la guerra y en su deseo de vivir en paz», expresa Feliciano Valencia, uno de los líderes.

Ese propósito de tener fuera de sus comunidades a los actores armados llevó a que el martes en la mañana la guardia indígena desalojara a unidades militares que permanecían en el Cerro Las Torres.

Sin embargo, la posesión del lugar duró apenas unas 18 horas y el miércoles, a las 5:00 de la mañana, fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército hicieron su arribo en helicópteros, recuperaron la base militar y reconstruyeron las trincheras.

Las acciones indígenas también están contra las Farc, a las que en una semana han incautado 13 tatucos, armas y munición.

El juicio a los milicianos capturados marca otro punto. ayer se esperaba la comparecencia de los cuatro ante el tribunal indígena.

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