La crisis del Cauca: un verdadero juego de poderes

Por Oscar Montes

El presidente Juan Manuel Santos está viviendo su momento más difícil por cuenta del mal que aqueja a su Gobierno desde el mismo día de su posesión, el 7 de agosto de 2010: la inseguridad.

De todos los episodios que ocurrieron en diversas partes del país en la semana que termina, ninguno tiene la gravedad y la complejidad del que se vive en la actualidad en el Cauca, que tiene enfrentados como nunca antes en la historia del país al Gobierno con las comunidades indígenas. “Es evidente que Santos sigue sin entender la magnitud del problema”, sostuvo Antonio Navarro en visita que realizó a EL HERALDO el viernes pasado.

Y entender el problema significa, apartarse de la “visión tradicional” que implica descargar todo el peso de la solución del problema en la utilización de la Fuerza Pública y en el incremento del número de uniformados.

Ello se traduce, como lo presenciamos en vivo y en directo todos los colombianos, en un abierto enfrentamiento entre uniformados e indígenas, que deja como únicas ganadoras a las Farc, quienes, hábilmente, han sabido capitalizar la ausencia del Estado para incitar a las poblaciones indígenas contra los militares y policías.

Curiosamente, el número de acciones de las Farc en el Cauca durante el segundo año de gobierno de Santos no difiere demasiado del número de acciones de las Farc en ese Departamento durante el último de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe.

Pero mientras Uribe salió vitoreado por su gestión en seguridad, Santos es abucheado por dejar incrementar la inseguridad. ¿Qué está pasando con la seguridad nacional, especialmente en el Cauca? ¿Cuál es la solución?

¿Qué está en juego?

El abucheo con que algunos habitantes de Toribío recibieron al presidente Juan Manuel Santos, cuando el pasado miércoles visitó a la población caucana, luego de ser asediada por la guerrilla de las Farc, es sintomático de lo que está pasando en el suroccidente del país con las poblaciones indígenas y sus relaciones con el Gobierno. Que al Jefe del Estado lo reciban con rechiflas los habitantes de los pueblos que visita, muestra no solo la poca simpatía que despierta el mandatario, sino, sobre todo, el desconocimiento de que las Farc no están desafiando a un gobierno en particular sino a un Estado que se ha mostrado ausente y débil para hacerle frente a sus constantes arremetidas.

Ni Santos, ni mucho menos sus contradictores, han logrado elaborar un discurso coherente que convenza a las comunidades indígenas de que siempre será mucho más rentable para ellas estar del lado de las instituciones legítimamente constituidas. El desafío de las Farc no es, pues, a Santos, es al Estado colombiano.

En el Cauca se está jugando la suerte de la guerra, pero también la suerte de la paz. De las soluciones que se encuentren para superar la crisis dependerá el rumbo del Gobierno y de las Farc, que querrá llegar fortalecida a la mesa.

El negocio de las Farc en el Sur

El combustible que alimenta el conflicto armado en el Cauca entre el Ejército y la Policía contra las Farc, asociadas con bandas criminales, es, sin duda alguna, el narcotráfico. Ahí radica el meollo del asunto. Las Farc mantienen el control sobre un amplio corredor estratégico que les permite sacar por el Pacífico la cocaína que se produce en el suroccidente del país.

La presencia de la Fuerza Pública, que tiene muy claro las reales motivaciones de las Farc y las graves implicaciones que tiene para la seguridad nacional el hecho de que ellas logren el dominio territorial en esa parte del país, ha sido confrontada militarmente por el grupo guerrillero, que utiliza sin reato a las comunidades indígenas, quienes terminan siendo utilizadas para evitar la acción del Ejército y la Policía. “En el Cauca, el problema no son las trincheras del Ejército y la Policía. Son los guerrilleros que utilizan a la población civil como escudos humanos a la hora de los enfrentamientos.

Es mentira que las Farc combatan con el Ejército en el Cauca”, me dijo un coronel del Ejército, quien estuvo asignado al Cauca durante varios meses. Pero mientras las Farc sí saben lo que está en juego, el resto del país sigue sin entender las verdaderas dimensiones del conflicto armado en el suroccidente y que, en el caso de las Farc, no son otras que las multimillonarias ganancias que le deja a la guerrilla el narcotráfico.

Una solución integral basada en mayor inversión social

El Cauca no es solo uno los departamentos con mayor concentración de la tierra del país, sino uno con los mayor indicadores de desigualdad social. Las comunidades indígenas han luchado por años para que sus peticiones para una mejor redistribución de la tierra, así como el reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre sus territorios, sean materializadas por parte de un Estado al que siempre han visto ausente y que solo se hace presente a la hora de reprimir con el uso de la fuerza sus legítimos reclamos.

La gran paradoja es que el Cauca es hoy por hoy el Departamento más militarizado del país, pero ello no le garantiza la tranquilidad a sus habitantes. Pero el hecho de que las comunidades exijan el retiro de la Fuerza Pública de sus territorios no las hace amigas de las Farc, a las que también hacen responsables de sus desgracias. Curiosamente los medios de comunicación que están cubriendo el orden público del Cauca han destacado mucho más el desmonte de las trincheras del Ejército y la Policía por parte de las comunidades indígenas que la retirada a la que obligaron a los guerrilleros de las Farc que querían permanecer en la zona. “Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz”, dijeron los voceros de las comunidades, cuando hablaron con el presidente Santos, quien les respondió que no se “desmilitarizará un solo centímetro del Departamento”.

De manera que el Gobierno tendrá que empezar por conocer muy bien no solo el terreno que pisa en el Cauca, sino los valores sociales y culturales de quienes lo habitan. En otras palabras, debería empezar por arrebatarle el discurso a las Farc, según el cual ellas están allí para defender los intereses de la comunidad, algo que, está visto, no corresponde a la realidad. Para decirlo es otras palabras: tiene que comenzar a quitarle el agua al pez.

¿Poderío militar o guerra de guerrillas?

En el Cauca las Farc están ‘mostrando’ un poderío militar del que carecen. Afirmar, como se dijo recientemente que el avión Súper Tucano que cayó en el Cauca durante los enfrentamientos de la semana pasada, fue derribado por las Farc no tiene ninguna explicación militar lógica.

El mismo presidente Santos descartó esa posibilidad al afirmar que “es muy improbable que el avión haya sido derribado por la guerrilla, porque no tiene la capacidad para hacerlo”. Pero, además, los organismos de inteligencia del Estado no tienen ningún reporte que permita inferir que en manos de las Farc haya armamento sofisticado que les permita alcanzar con disparos de morteros o fusiles a este tipo de aeronaves. La compra de este armamento, y su mantenimiento en las condiciones de humedad que se dan en las selvas colombianas, ha llevado a las Farc a tener que recurrir a “adaptar” sus armas para poder enfrentarse a las Fuerzas Militares.

En lugar del supuesto poderío aéreo, que no tienen, las Farc están valiéndose en el Cauca de la “guerra de guerrillas”, que es la que mejor conocen y en la que más confían, desde que se asentaron en El Pato y Guayabero, hace casi cincuenta años. Es por eso que en lugar de moverse y atacar en grupos numerosos, como a lo hicieron a finales de los 90, lo hacen con pocas unidades.

@leydelmontes

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