BOGOTA, 13 de julio_ RAM_ El Consejo Gremial Nacional apoyó el diseño de una política integral de transporte que, tal como la plantea el Gobierno Nacional, responda a los principios fundamentales de la libertad de empresa e iniciativa privada, modernización de equipos y formalización en la actividad.
El siguiente es el texto de la declaración de las organizaciones empresariales:
“El Consejo Gremial Nacional insiste en que la institucionalidad y el diálogo deben ser las vías para tratar las demandas de cualquier sector. Condenamos enérgicamente las vías de hecho a las que han llegado algunos grupos de transportadores y que se traducen en bloqueos y hechos violentos contra los transportadores que han decidido continuar con sus actividades empresariales. Hacemos un llamado al respeto a la vida, honra y bienes de estos empresarios y sus colaboradores.
El paro camionero ha generado importantes perjuicios para la economía, atentando directamente contra la generación de recursos, el empleo formal y la competitividad del país. Algunas organizaciones han calculado pérdidas en más de 1 billón de pesos y los empresarios de todos los sectores han reportado pérdida de productos perecederos, escasez de materia prima para producción de bienes e incumplimiento de contratos por dificultad en el transporte de mercancía, entre otros.
A la ciudadanía la impacta también el incremento en los precios, en algunos casos desabastecimiento de productos básicos y el riesgo para el empleo.
Hemos apoyado al Gobierno Nacional en el diseño de una política integral de transporte que, en materia del parque automotor de servicio público responda a los principios fundamentales de la libertad de empresa e iniciativa privada, modernización de los equipos y, formalización en la actividad generando claras reglas del juego para el ingreso, mantenimiento y retiro de los vehículos del mercado.
Estos principios se evidencian en dos de los puntos más sensibles en las solicitudes de los transportadores en paro. En relación con las relaciones económicas, reiteramos que el esquema de libertad vigilada responde a las expectativas de los empresarios y que, bajo ninguna circunstancia, es viable regresar a la tabla de fletes.
Por otra parte, en relación con la modernización del parque automotor, estamos convencidos de que trae efectos positivos en la seguridad de las vías, la protección del medio ambiente y la optimización de la cadena logística. Bajo esta premisa creemos que no puede desconocerse la necesidad de traer al país vehículos modernos, con la tecnología idónea para optimizar el uso de combustible y que ofrezcan las condiciones de seguridad que necesitan los conductores. Todo vehículo tiene una vida útil y esta regla es necesaria para la modernización en comento.
Solamente un sistema de transporte moderno podrá dotar a Colombia de las herramientas que necesita para competir eficientemente en el mercado internacional y lograr las metas de competitividad y desarrollo que nos hemos trazado.
El bloqueo de vías no solamente afecta las actividades económicas del país, sino que pone en peligro la vida y la integridad de quienes se transportan por medio terrestre. Cualquier delito que se cometa en el desarrollo del paro camionero, debe ser penalizado sin excepciones».