Por: Carlos Alberto Baena López
@Baena
BOGOTA, 15 de junio_ RAM_ El pasado 9 de junio del año 2015, el sector religioso celebraba la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, porque se había ordenado en el Artículo 244 de esa ley, que el Gobierno Nacional formulara y mantuviera actualizada la Política Pública Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia.
Hoy, cuando son los departamentos y los municipios del País los que han aprobado sus propios planes de desarrollo, es sumamente placentero registrar lo que ha ocurrido frente a esto, pensando sobre todo en lo que está por venir.
De acuerdo con la información que posee el Movimiento Político MIRA, en 13 de los 32 departamentos de Colombia, es decir, más de la tercera parte del País, la Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia, entró a formar parte de la planeación estratégica del territorio, para los próximos 4 años.
Además, en 113 municipios: grandes, medianos y pequeños, incluidos algunos Distritos como Bogotá y Santa Marta, se contemplaron medidas similares, adoptando dentro de las prioridades el tema religioso. Expresamente, en 93 entidades se ha previsto la expedición de la Política Pública de Libertad Religiosa.
También, se adoptarán estrategias intersectoriales; habrá institucionalización del tema y políticas educativas, ente otras medidas.
Pero, en concreto ¿esto qué significa? Quizá lo más importante es, que el Estado deja de ver el tema religioso desde la óptica de la simple tolerancia, para comenzar a reconocer su trascendencia en la dimensión espiritual del individuo, y la incidencia de la Religión frente al ser, en relación con su entorno. Ese cambio de conceptualización, supone implementar acciones afirmativas que protejan y hagan efectiva la Libertad Fundamental.
Entre los muchos efectos positivos que producirá el que esto esté pasando en Colombia, están la disminución, hasta el desaparecimiento de los actos de hostigamiento y de perturbación a las congregaciones religiosas; la promoción de la Convivencia con Respeto por el otro; incluyendo la Religión como un factor de encuentro; se reconocerá y fortalecerá el aporte de las confesiones a la construcción de Paz en todo el territorio; el ejercicio de una creencia, o el derecho a no tener ninguna, tendrá que dejar de ser fuente de discriminación; el sector público contará con herramientas para gestionar el Hecho Religioso en sus territorios.
En resumen, todo esto se da por una clara realidad: La Libertad Religiosa nos compete y nos compromete a todos.