El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado calificó como una “escandalosa interferencia” a la institucionalidad la solicitud presentada por Human Rights Watchs (HRW) para archivarle la investigación disciplinaria al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
El jefe del Ministerio Público aseguró que el organismo internacional debe respetar a las instituciones en Colombia y no enviar mensajes puesto que esta actúa tranquilamente en lo establecido por la Constitución Política y la ley.
“Tanto son inadmisibles sus precisiones”, precisó Ordóñez Maldonado. “La Procuraduría en este y otros procesos actúa fundándose en la ley, el debido proceso, el derecho a la defensa y las realidades probatorias y tomará la decisión de acuerdo a las leyes”.
En el pliego de cargos formulado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General se señala que Iván Cepeda habría presionado a dos paramilitares desmovilizados para que acusarán al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En su petición HRW considera que no existen elementos mateirales probatorios para continuar la investigación disciplinaria contra el congresista por loq eu solicitó que se archive.
Resalta además que las visitas hechas por Cepeda a las cárceles tenían el aval del Congreso de la República. En las mismas recibió dichos testimonios que fueron de presentes en un debate de control político en el Senado en septiembre de 2014.
Sin embargo, para la Procuraduría los mismos paramiltiares aseguraron que el entonces representante a la Cámara les habría ofrecido beneficios jurídicos y económicos para hacer dichas declaraciones. Argumentos que han sido desmentidos por Cepeda.
«El doctor Iván Cepeda Castro, en su condición de congresista (representante a la Cámara por Bogotá) y prevalido de la autorización del Congreso de la República para visitar las cárceles del país, en los encuentros ocurridos en la cárcel del municipio de Itagüí (Antioquia) durante los días 26 de julio de 2012 y 30 de mayo de 2013 presuntamente les solicitó a los señores Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez que declararan en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, para lo cual, a pedido del congresista, tendrían que exponer determinados hechos que no les constaba a los entrevistados, en donde también el congresista previamente prepararía la versión de estos testigos, ofreciéndoles, a cambio de todo ello, algunos beneficios», indica el pliego de cargos.
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