Los «micos» en The Economist

Los «micos» introducidos en la reforma a la justicia y que llevó a su hundimiento fueron tema de The Economist. En la publicación explican el significado de «micos» en Colombia y resumen los hechos de la última semana al rededor de esta cuestionada reforma, aunque no alcanzaron a publicar los resultados de las sesiones extras donde se le dio sepultura a la reforma. El artículo curiosamente fue titulado «La inmunidad parlamentaria en Colombia»  Monkey Business que traducido al español significa «Negocio de Micos». El siguiente es el texto de la publicación más importante de economía

La Inmunidad parlamentaria en Colombia

Negocio de Micos

Una reforma necesaria a las fallas judiciales

30 de junio 2012 | BOGOTÁ | de la edición impresa

EN ESPAÑOL mico significa un mono de cola larga. En la jerga colombiana se refiere a las disposiciones de última hora o subrepticia que se introducen en la legislación, por lo general al servicio de intereses oscuros. Después de dos años de ir y venir, el 20 de junio el Congreso aprobó una reforma constitucional auspiciada por el gobierno y el sistema judicial. Pero se agregaron tantos micos que en lugar de la celebración, el presidente Juan Manuel Santos, ahora está luchando para quitarse el enorme mono de su espalda.

Como fue aprobada, la reforma a la Corte Suprema se le quitaba la facultad de investigar las denuncias de crímenes cometidos por los legisladores. Eso no es asunto trivial: el tribunal ha condenado a 44 ex miembros del Congreso por los vínculos con los grupos de derecha paramilitares u otros delitos y está investigando otros 100 casos, algunos que involucran a congresistas que tienen asiento en la corporación. La ley entregaba esta tarea a los recién creados jueces de instrucción, a los que los críticos temen que serían designados políticos. También se debilitaba la capacidad del Consejo de Estado, otro órgano judicial, para privar a los legisladores de sus asientos para deslices éticos.

La enmienda ha sido recibida con indignación popular. Juan Carlos Esguerra, el ministro de Justicia, que había promovido su aprobación en el Congreso, renunció. Los grupos de ciudadanos están recogiendo firmas para un referendo para revocar la medida.

En un intento de atajar el descontento, el Sr. Santos se encontraba en territorio legal inexplorado. Después de haber descubierto que él no puede vetar la enmienda, llamó de nuevo a sesiones extras del Congreso el 27 de junio y el 28, instándole a los congresistas que cambien su voto. Como The Economist llegó a la imprenta, el resultado era incierto. Cualquiera que sea la forma en que el voto se va, el problema es probable que termine en el Tribunal Constitucional, el más alto tribunal en Colombia. Pero al igual puede llegar a un referéndum, que podría llevar meses.

Las intenciones del gobierno en un principio eran loables. Un sistema judicial sobrecargado y arcaico se había convertido en un eslabón débil en la lucha contra el crimen violento. La reforma tenía que modernizar el sistema, acabar con la ineficacia de los órganos judiciales y permitir a los legisladores y altos funcionarios condenados por el Tribunal Supremo el derecho de apelación o de doble instancia. El Poder Judicial se opuso a los cambios, hasta que el Congreso incluyó disposiciones para ampliar el período de los magistrados, altos jueces de los tribunales, de ocho a 12 años y el aumento de la edad de jubilación a 70 años.

Algunos en la izquierda está llamando para que el Congreso, en el que tienen pocos asientos, que sea revocado , y se llame a nuevas elecciones. Los partidarios son Álvaro Uribe, un ex presidente conservador, quien propuso una asamblea constituyente para reescribir la Constitución. Sus críticos temen que se utilice este intento de revivir su pasado, de reelegirse en el gobierno, medida que fue bloqueada por el Tribunal Constitucional, para eliminar los límites a largo plazo. Micos, al parecer, están proliferando por todas partes.

Compartir: