“Papaya puesta, papaya partida”, eso fue lo que le pasó al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al gobierno y a un grupo de congresistas, entre ellos al presidente de la Cámara, Simón Gaviria, quienes todavía confían en la palabra de algunos parlamentarios, famosos en la historia del Legislativo por la cola de trampas y la manada de orangutanes de la que son padres.
Si bien el Presidente Juan Manuel Santos en su alocución del pasado jueves 21 de junio cuando anunció que objetaría por inconstitucional e inconveniente la reforma a la justicia, aseguró que la comisión de conciliación “decidió sesionar sin la presencia del Ministro de Justicia y del Derecho; hicieron los cambios que a bien tuvieron, y solo le informaron al Ministro de estos después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer”, eso no es del todo cierto.
Lo que pasó aquí es que al ministro, un señor decente que se ha destacado de manera notable en el ejercicio del derecho, le faltó olfato para reconocer que se movía por debajo de las aguas de ese recinto vecino de Bronx (que perdonen los señores del Bronx).
Lo primero que no olió el ministro y debió parecerle extraño es que la plenaria del Senado del martes 19, arrancara de manera inusual. Ese día el senador conservador de Antioquia, Gabriel Zapata, hizo las veces de secretario ad hoc, porque el titular del cargo, Emilio Otero, estaba “sirviendo” de secretario de la comisión de conciliación de la reforma a la justicia, y porque el secretario auxiliar, Saúl Cruz, estaba “en unas diligencias de un matrimonio”.
Ese martes, sobre las 9 y 25 de la noche Otero Dajud sorprendió al senador del Polo Democrático Jorge Robledo, con una copia casi idéntica del texto de la conciliación de la reforma a la justicia, que según dijo ya estaba en la imprenta.
En la copia que Robledo mostró a la plenaria, aclarando que no contaba con la firma de ninguno de los conciliadores, figuran 3 de los cuatro micos que denunció el Presidente Santos en su desesperada alocución del jueves.
Aparece incluso el “orangután” que traslada a la Corte Suprema todas las investigaciones que llevaba la Fiscalía contra aforados como ministros, gobernadores, generales, almirantes, etc, que podría conllevar a que más de 1400 procesos tuvieran que empezar de cero e incluso pudieran quedar en la impunidad por vencimiento de términos, sin olvidar la lluvia de solicitudes de libertad en casos como Agro Ingreso Seguro, las chuzadas del Das, etc.
El único “mico” que no quedó incluido en el documento que Otero entregó al senador Robledo es el que elimina del artículo 183 de la Constitución la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura.
Son cinco páginas tamaño carta. El documento tiene fecha 19 de junio y está dirigido al presidente de la Cámara, Simón Gaviria, y del Senado, Juan Manuel Corzo, de paseo estos días por China con los afortunados senadores Mauricio Aguilar, Germán Hoyos, Musa Besayle y Manuel Mora, quienes clasificaron a viáticos del Congreso por más de 2 millones 400 mil pesos cada uno.
Es tan completo el documento de conciliación que circuló el martes en la plenaria del Senado, que precisa que la reforma tiene 29 artículos. Dos menos de los que aparecen publicados en la Gaceta del Congreso.
A la fecha, no se sabe cuál es el número total de artículos de la reforma, porque incluso en la fe de erratas del proyecto quedó consignado que por error no se incluyó el artículo 28 que adiciona en la Constitución el “artículo transitorio 64”.
Con todos estos antecedentes no hay disculpa. Ni el ministro ni su equipo estuvieron atentos. Tampoco lo hicieron los congresistas quienes en la noche del martes recibieron un correo electrónico con una copia de la conciliación.
De poco sirve que unos y otros se escuden en que ellos confiaron en la exposición que hizo el miércoles el senador Jesús Ignacio García, uno de los conciliadores, famoso en la historia del país por los narcomicos que intentó incluir en otras reformas a la justicia. A Gaviria se le olvidó contar los cambios que le hicieron a la reforma, que coincidencialmente se ajustan a las necesidades del exclusivo comité de conciliación.
García fue uno de los cuatro conciliadores que el martes le cerró las puertas del club de Ejecutivos al ministro de Justicia para que estuviera en la conciliación. Lo apoyaron en esa idea Juan Carlos Restrepo Escobar, Luis Fernando Duque García y Carlos Eduardo Enríquez Maya, este último investigado por el escándalo de la DNE y denunciado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Vía www.verdadypoder.com